La dictadura Ortega-Murillo aprobó con 91 votos a favor, una reforma a la Ley Creadora de la Cinemateca Nacional (No. 909), estableciendo cobros por certificados para grabar en el territorio nicaragüense.
La modificación se centra en el artículo 10 de la Ley 909, que anteriormente dejaba en ambigüedad y a discreción de la Cinemateca la imposición de tarifas y permisos para la filmación en el país y, ahora establece tarifas específicas, con el objetivo declarado de “facilitar y agilizar los servicios” de la institución para fomentar el desarrollo de producciones audiovisuales que contribuyan a una cultura de paz, valores y respeto.
Los costos oscilan entre 350 a 600 córdobas, siendo la mitad para renovaciones. El monto para comercialización para distribución y exhibición tiene tarifas de 350 y 600 córdobas, respectivamente.
En enseñanza audiovisual y cinematográfica, 100 córdobas para naturales y 500 córdobas para jurídicas, mientras que creativos y técnicos cinematográficos pagarán 100 córdobas. Reposiciones por pérdida o extravío de certificados cuestan 100 córdobas (naturales) y 200 córdobas (jurídicas).
Para la producción nacional los certificados tienen costos de 300 a 600 córdobas, con la mitad para reposiciones. En coproducción, los costos ascienden de 750 a 1,000 córdobas, y la mitad para reposiciones.
La Cinemateca Nacional, creada en agosto de 2015 para promover y difundir las artes audiovisuales, experimentó una transformación en octubre de 2022 al convertirse en un ente autónomo bajo la rectoría de la Presidencia de la República.
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la introducción de tarifas para obtener permisos de filmación. Los costos varían según si la persona es natural o jurídica, alcanzando hasta 4,000 córdobas. Además, se han establecido tarifas para la distribución, exhibición y otros servicios relacionados con la cinematografía y el audiovisual.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 