A puerta cerrada, con vigilancia extrema, la justicia de la dictadura Ortega-Murillo declaró culpable a seis religiosos y un laico, acusados por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas, en un juicio político que se extendió desde el lunes 23 hasta este jueves 26 de enero de 2023.
Con maratónicas audiencias de hasta 12 horas en menos de quince días, la dictadura suma la condena de siete religiosos; el primero fue el sacerdote Óscar Benavides.
Los padres condenados por la justicia orteguista son Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrios Cano; el diácono Raúl Antonio Vega; los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, así como el reportero gráfico Sergio Cadena Flores.
La Fiscalía pidió diez años de cárcel para los sacerdotes y el laico -cinco por cada delito- y 800 días multa para cada uno, equivalente a unos 55 000 córdobas, confió una fuente judicial. La lectura de sentencia está programada para el viernes 3 de febrero a las 8:00 a.m.
Los sacerdotes y el fotorreportero hicieron uso de la última palabra durante el juicio para rectificar que son inocentes ante la judicial Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, encargada del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicios de Managua, y uno de los verdugos de reos de conciencia. A la vez, citaron versículos bíblicos.
Bajo hermetismo total y seguridad extrema, el juicio finalizó este jueves un poco después de las 5:00 p.m.
Mediante su cuenta de Twitter, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos -Cenidh- exhortó a la jerarquía católica que se pronuncie sobre la condena contra los curas. “Les pedimos que reaccionen, no pueden seguir callando, prácticamente el régimen ha encarcelado a una Diócesis entera”, señaló.
Los seis religiosos y el laico estuvieron en agosto de 2022 secuestrados junto a monseñor Rolando Álvarez – también preso político y en arresto domiciliario- en el edificio episcopal de Matagalpa por 15 días, sitiados por la Policía. Los religiosos fueron trasladados de Matagalpa a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, el 19 de agosto, tras el asalto policial a la Curia.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 