El Ministerio del Interior confiscó en la ciudad de León el convento de las monjas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, quienes fueron expulsadas de Nicaragua en julio del 2023. En el inmueble ahora funcionan las oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería, que es parte de las dependencias de la institución estatal.
Según la denuncia pública realizada por la investigadora Martha Patricia Molina, tras ser declarado las instalaciones de utilidad pública, el local permanecía bajo custodia policial. Ahora en el portal se puede leer el rótulo institucional.
“Dictadura sandinista confisca propiedad de las hermanas Pobres de Jesucristo que en julio de 2023 fueron expulsadas por la dictadura sandinista. En el interior permanecían policías, pero es hasta ahora que la han convertido en una institución del Estado”, denunció la investigadora y abogada Martha Patricia Molina en su red social X (antes Twitter).
En ese local funcionaba el convento donde las religiosas prestaban servicios de asistencia social a la población del departamento de León.
Las monjas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo fueron expulsadas del país luego de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les negara la renovación de su residencia en Nicaragua, lo que las forzó a trasladarse a El Salvador donde continúan su misión.
“Ni siquiera cambiaron el color de las paredes ni los muebles que utilizaban las monjitas. El Ministerio del Interior criminal haciendo de las suyas”, criticó Molina.
En la última actualización de la investigación «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?», Molina documentó la expulsión de al menos 76 religiosas y seis religiosos.
“Las expulsiones han sido injustificadas, todas fueron arbitrarias y las autoridades en ningún momento informaron a los religiosos/as los motivos de la cancelación o revocación de la permanencia legal en el país”, indica el documento que recoge datos hasta agosto de 2023.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 