La dictadura Ortega-Murillo no da señales de “paz y reconciliación” como dicen sus eslogan propagandísticos, más bien se ensañan de forma brutal en contra de todo lo que huela a disidencia, una de ellas es que luego de desterrar a 222 personas presas políticas y de acusar a 94 personas por delitos como el de “traición a la patria” y declararles “prófugos de la justicia”, el régimen comenzó a cancelar los registros de las personas aseguradas en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), acción que se traduce en una confiscación ilegal de sus pensiones de vejez, a partir de este 20 de febrero.
Para «Lorena» socióloga, experta en economía y género, destaca para Agenda Propia, que la anulación del retiro de las pensiones es que «la pensión no es una dádiva del Estado, es el resumen, el trabajo de ahorro de toda una vida», manifiesta.
Lorena asegura que esta medida no solo deja en vulnerabilidad a la persona que la retira, «dada la composición de las familias en Nicaragua y las condiciones difíciles de sobrevivencia actual, esa pensión, muchas veces está asegurando la alimentación de los nietos, del resto de las familias».
Estela, una abogada especialista en materia laboral y de familia, bajo condición de anonimato dijo que “este despojo de un derecho que está establecido en el Artículo 47 de la Constitución, es un acto jurídicamente inconstitucional, porque les deja en total invulnerabilidad”.
Para la especialista en derecho la acción del régimen también viola el Código de la Familia ya que la mayoría de las personas son adultas mayores, “este gobierno que se dice defensor de la familia, está violentando este Código, violando el principio de protección integral porque el Estado debe garantizar a las personas mayores el derecho a la pensión”.
La jurista expresa que dichas medidas violan “las normas nacionales, además de los derechos sociales, de familia así como constitucionales. El Artículo 61 de la Constitución Política de Nicaragua señala que “el Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que determine la ley”.
Por su parte, Lorena agrega que se violenta el derecho a la salud porque al retirarte del INSS, al borrarte del INSS no podes acceder a los servicios de salud, que es un derecho. A esa edad la vulnerabilidades en términos de salud, enfermedades crónicas se agudizan, por tanto se exponen con mayor facilidad a la muerte por no poder acceder a la salud, incluso por no poder comprar las medicinas complementarias cuando el INSS no te las facilita, expresó
Muchas de las personas a quienes el régimen orteguista persigue son mujeres que por años se han desempeñado como defensoras de derechos humanos, un dato que para la especialista es necesario resaltar porque el Estado es firmante de la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer «Convención de Belem Do Pará» por lo que afirma que “Nicaragua está violentando esta convención sobre los derechos de las mujeres en cuanto a las pensiones que tienen que recibir cuando son jubiladas y son mujeres de la tercera edad, tiene que ver con la seguridad social”.
Recientemente la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) mostró su preocupación en un comunicado, publicado el 17 de febrero de 2023. “En Nicaragua, las reformas legislativas más recientes que permiten privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía contravienen las obligaciones que tiene este país en el marco del derecho internacional y regional de los derechos humanos. El derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”, sostuvo ACNUR.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 