En 2024, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que 26,4 millones de personas fueron desplazadas en el mundo por conflictos, crisis humanitarias o condiciones de vulnerabilidad. En paralelo, más de 2,8 millones recibieron protección en 77 países gracias a programas de asistencia en infancia, lucha contra la trata de personas y acceso a vivienda y propiedad. La agencia también fortaleció su capacidad de respuesta ante emergencias, desplegando equipos especializados en 11 países.
España es uno de los países donde se refleja de manera clara la complejidad del fenómeno migratorio. Actualmente, la población total de 49,3 millones de habitantes, cerca de ocho millones son extranjeros, principalmente de Colombia, Venezuela y Marruecos, lo que ha generado críticas a favor y en contra de la situación migratoria en el país ibérico.
Para el sector que se muestra a favor su argumento es que este crecimiento es una solución al envejecimiento demográfico y a la baja natalidad. Mientras que partidos políticos de ultraderecha han usado las cifras para impulsar un discurso de rechazo contra las comunidades migrantes donde les culpan del aumento de la delincuencia o de vivir de ayudas estatales que pueden ser destinadas a los españoles, entre otros señalamientos.
Reformas migratorias y precariedad
Para la periodista nicaragüense y presidenta del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, en la ciudad de Mérida en España, Maryórit Guevara, explica que detrás de los números se esconden realidades marcadas por la irregularidad y la vulnerabilidad en la que se encuentran familias migrantes, principalmente mujeres, niños y niñas expuestas a diversos tipos de violencia a causa de la falta de agilidad o respuesta en los procesos de regularización.
Guevara detalla que aunque se ha aprobado la reciente reforma de la Ley de Extranjería, en la que se redujo de tres a dos años el plazo para solicitar la residencia por arraigo social, se sigue exigiendo un contrato laboral como uno de los requisitos indispensables para optar a una residencia temporal; sin embargo, no todas las personas tienen acceso a ser contratados por la misma falta de documentación y esto mantiene a los solicitantes en precariedad laboral.
“Dos años en la irregularidad significan no existir para el Estado”, resalta Guevara en entrevista con Agenda Propia. Quien agrega que la falta de documentación dificulta el acceso a educación, salud y vivienda, y obliga a muchos migrantes a insertarse en la economía sumergida. “En el caso de las mujeres, la mayoría trabaja en los cuidados y el servicio doméstico, sectores donde son frecuentes la explotación y la vulneración de derechos laborales”, confirma.
Frente a este escenario, organizaciones de migrantes en España se mantienen en alerta y buscan visibilizar la situación en medio del avance de discursos políticos hostiles.
Para Guevara, el reto es doble: luchar contra la discriminación estructural y, al mismo tiempo, defender la contribución de las personas migrantes a la sociedad española, en un contexto donde la polarización política y la desinformación siguen marcando la agenda pública.
Tamara Morales Orozco 