A seis años de una de las acciones más violentas en Nicaragua en materia de derechos
humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF), analizan la historia en Operación Limpieza,
un documental donde se reconstruyen los hechos con material audiovisual y fotográfico con técnicas de georreferenciación para evidenciar la participación policial y paramilitar en contra de los manifestantes.
En los 21minutos y 36 segundos que dura el filme y que fue presentado en Costa Rica este 7 de junio, se sintetiza la violencia utilizada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para desmantelar las barricadas – similares a las que levantaron los sandinistas contra el gobierno de Somoza Debayle en la década de 1970. Destaca el fallecimiento de manifestantes, paramilitares y policías – entre junio y julio de 2018 y que dejó más de 200 personas muertas. En el mes de abril fueron 59 personas asesinadas, en mayo 64, al siguiente mes en junio, 134 muertos; en julio 81, agosto tres personas y en septiembre dos. Las fuerzas del gobierno mostraron fuerza desigual en contra de los manifestantes.
“Durante la operación limpieza y con decenas de testigos y sin que el Estado haya establecido hasta el momento las circunstancias de estos hechos, ni que haya identificado ni sancionado a todos los responsables debido a la falta de información de una investigación judicial diligentes, la totalidad de los asesinatos continúa impune”, dijo en la presentación la directora del programa para Centroamérica y México del Cejil, Claudia Paz y Paz.
El documental registra sucesos y fechas de los ataques en los departamentos de Nicaragua, la identificación de las fuerzas de choque, el uso de armas de guerra, la
intromisión en casas e iglesias y la relación entre policías y paramilitares.
“Los grupos para estatales que actuaron en coordinación con fuerzas de seguridad
son los responsables de la gran mayoría de las muertes violentas. En las imágenes analizadas se observa que las fuerzas de seguridad no cumplieron con los protocolos y estándares internacionales avocados a establecer prácticas reglamentadas en las tareas de disuasión y contención de protestas y movilizaciones sociales. Por el contrario, su función fue facilitar los actos violentos por los grupos de choques paraestatales…a la fecha no se ha sancionado a ninguno estos perpetradores”, señala Paz.
En abril de 2018, una marcha de ancianos en León, en contra de las reformas de las pensiones desató la ira y el odio de la dictadura de Ortega y Murillo. Mientras tanto, en la sociedad despertó la solidaridad y la empatía en todos los departamentos, siguiendo en Managua, Masaya, Estelí, Matagalpa, Jinotega, hasta que toda Nicaragua demandaba el cese de la represión, el retiro de las reformas a la ley de pensiones y la renuncia de la pareja dictatorial. Sin embargo, ante la creciente y permanente protestas en los meses siguientes los sectores sociales no se retiraban, por lo contrario, cada día tomaban más
fuerzas.
Foto tomada de Clarin.com
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 