En el Día Internacional de los Derechos Humanos, en El Salvador se realizaron por primera vez dos marchas, ambas por separado, pero con el mismo fin: Que se respeten los derechos humanos.
La Mesa Nacional Frente a la Minería emitió una declaración rotunda: “Ni responsable, ni verde, la minería metálica es más inviable que nunca”. Con esas palabras, 12 organizaciones salvadoreñas encendieron las alarmas contra las intenciones del reelecto presidente Nayib Bukele de reactivar la industria de la minería metálica, proscrita desde 2017 tras una lucha social que tomó 12 años de perseverancia y sacrificios.
El anuncio de Bukele, disfrazado de un discurso que promete “sostenibilidad” y “empleos para miles”, no convence a quienes conocen el rostro oscuro de esta industria. En conferencia de prensa, los líderes ambientalistas desnudaron los riesgos: escasez y contaminación del agua, drenajes ácidos y la amenaza al ya precario equilibrio ecológico de un país que ocupa el segundo lugar en deterioro ambiental en América Latina, solo superado por Haití.
El caso del río San Sebastián, en Santa Rosa Lima, es el ejemplo más amargo de este panorama. Aún hoy, las aguas contaminadas por proyectos mineros previos son una herida abierta que recuerda que la promesa de desarrollo puede llevar consigo la muerte lenta de los ecosistemas.
Vidalina Morales, líder ambientalista de la Asociación de Desarrollo Económico y Social, ADES Santa Marta, subrayó la fragilidad de la región norte del país, donde nacen los afluentes del río Lempa, arteria vital para el abastecimiento de agua potable de dos terceras partes del territorio. En esas mismas tierras, los yacimientos de oro representan una tentación peligrosa.
Sin embargo, la amenaza no solo es ambiental. La historia reciente de El Salvador está marcada por el recuerdo de quienes dieron sus vidas en la lucha contra la minería. Marcelo Rivera, Dora Sorto y otros ambientalistas asesinados en 2009, simbolizan el precio que se ha pagado por defender la vida.
Alfredo Leiva, miembro de ADES de Santa Marta, recuerda con pesar esa violencia y advierte que las intenciones de Bukele no son sorpresa. Las señales han estado presentes: La creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas en 2022 y las visitas de consultores mineros extranjeros son pasos claros hacia la reactivación de la industria.
Leiva, también alerta sobre los mecanismos legales que podrían facilitar este regreso, incluso sin derogar la ley de 2017. Normas como la Ley de Zonas Económicas Especiales o la Ley Especial de Extinción de Dominio ofrecen herramientas para sortear las restricciones legales y abrir las puertas a las concesiones mineras. Además, los tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, podrían ser utilizados como respaldo jurídico para imponer proyectos extractivistas en territorio salvadoreño.
La lucha contra la minería en El Salvador es también una lucha por la justicia social y de género. Morales enfatizó el impacto desproporcionado sobre las mujeres, quienes asumen mayoritariamente el trabajo de gestión y cuidado del agua en sus hogares. “Al afectar el bien hídrico y la biodiversidad, se impacta principalmente a las mujeres”, declaró, subrayando que el daño ambiental no solo es un problema ecológico, sino también humano.
El Salvador enfrenta una encrucijada histórica. Con un territorio marcado por el estrés hídrico y la deforestación, y una población vulnerable ante los intereses de grandes corporaciones, la reactivación minera amenaza con desatar un punto de no retorno ecológico y social. Las organizaciones que se oponen al plan de Bukele no solo defienden la tierra y el agua; también protegen el derecho a un futuro habitable para las generaciones venideras.
Tamara Morales Orozco 
Patricia Orozco 