El sector agrario se encuentra en ebullición en el conjunto de la Unión Europea. Con la excepción de España donde aún no ha habido grandes protestas, los trabajadores del campo europeos, con especial énfasis los de Francia, pero también en Alemania y Polonia, donde comenzaron las movilizaciones, claman contra una serie de medidas tomadas por separado en los distintos Estados.

Todos coinciden en señalar las malas condiciones de trabajo en el agro, los aumentos en los precios de la energía y los insumos, y el colapso en los precios reales que perciben los productores. La semana pasada, Facua denunció que, en el caso español, los alimentos se encarecen hasta un 875% del campo al supermercado.

A pesar de ello, España es uno de los cinco países donde los precios recibidos por los productores han subido respecto a 2022 – aun más marcado por la crisis energética que 2023 -. El +5,4% de España contrasta con caídas superiores al 20% en países del Este como Bulgaria, Hungría o Lituania, del 12,2% en Alemania y del 6,8% en Francia.

En Bruselas, la mañana del 1 de febrero ha comenzado con estiércol ardiendo frente a la sede del Parlamento Europeo y un desfile de tractores y pequeñas hogueras.

Como suele ser habitual, los agricultores franceses son los que han conseguido llevar más lejos sus reivindicaciones. En el caso de este sector, la preocupación viene por las nuevas regulaciones ambientales y por las condiciones del acuerdo de libre comercio con Mercosur (Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil).

Emmanuel Macron llegó este 1 de febrero a la Cumbre del Consejo Europeo con una serie de medidas impuestas por la lucha de los “agricultores enojados”. Las anunció el 30 de enero el primer ministro, Gabriel Attal, y no convenció a los trabajadores agrícolas, que han mantenido las movilizaciones que este fin de semana cumplirán dos semanas. De hecho, se espera que Attal vuelva a anunciar medidas a lo largo del 1 de febrero para apaciguar la cólera de los agricultores. 

En la web Alternativas Económicas, Véronique Marchesseau, secretaria general de la Confédération Paysanne, sindicato agrícola miembro de la de la organización internacional Vía Campesina, criticaba el cortoplacismo de las medidas anunciadas por Attal: “Se trata sólo de anuncios a corto plazo que pueden aliviar temporalmente a las explotaciones agrícolas en dificultades. Pero estábamos esperando anuncios sustanciales que nos permitieran considerar nuestra actividad agrícola en el largo plazo. Tenemos expectativas sobre los ingresos, que nuestros precios de venta incluyan nuestros costos de producción y nuestra remuneración”, defiende. Además la Confédération Paysanne defiende que se cancelen todos los acuerdos comerciales en negociación, como los que se discuten con Nueva Zelanda y Kenia.

Coordinación Rural, el segundo sindicato en número de afiliados, mantiene un perfil más combativo y está detrás de una gran mayoría de los cien puntos de bloqueo que se dan en toda Francia en estos momentos. Como rasgo particular, se resalta su compatibilidad con la ideología de extrema derecha, con la que le conectan valores identitarios y escepticismo ante el cambio climático.

Lo conseguido hasta ahora incluye exenciones en la tributación sobre tierras en barbecho; una modificación de los derechos de aduana para la producción ucraniana que se impuso como medida de auxilio al Gobierno de Volodímir Zelensky, pero que ha causado malestar entre los productores europeos, y, lo más relevante, el “bloqueo” del proyecto de acuerdo Mercosur en su actual estado.

La Comisión Europea ha emitido señales de que está todo listo para la firma de Mercosur. Pero el juego florentino de avances y retrocesos entre Ursula Von der Leyen y Macron se ha visto parcialmente interrumpido por la llegada de cientos de tractores a Bruselas. Los reclamos del campo saltaron al debate de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, sin embargo, tan solo arrancaron el compromiso por parte de la Comisión Europea de reducir las trabas burocráticas a los agricultores.

En Bruselas, la mañana del 1 de febrero comenzó con estiércol ardiendo frente a la sede del Parlamento Europeo y un desfile de tractores y pequeñas hogueras. Se trataba de tractoristas procedentes en su mayoría de Bélgica, donde el sector está movilizado por causas similares y por las tasas del combustible. También se sumaron otros agricultores de Francia y Alemania. Todos tienen en el punto de mira los acuerdos comerciales y el impacto que tienen sobre las explotaciones agrícolas.

En rueda de prensa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que presentará una propuesta, antes del próximo Consejo de Agricultura del 26 de febrero, para reducir las trabas administrativas del sector agrícola. «Debemos defender los intereses legítimos de los agricultores en los acuerdos comerciales, en particular, para asegurar unas condiciones equitativas», ha indicado la alemana recogiendo las reclamaciones de Francia contra el acuerdo de libre comercio con Mercosur, al que afea imponer condiciones más laxas a la producción al otro lado del Atlántico que en Europa.

*Con información de El Salto, DW y EFE