La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizó 40 métodos de tortura para “castigar” a las personas presas políticas, así como a sus familiares, según el octavo informe sobre tortura que sistematizó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más, a partir de 158, de los cuales 130 casos son hombres y 28 mujeres, incluyendo a una trans y dos menores de edad, afirmó Gonzalo Carrión en la presentación del documento.
Juan Carlos Arce, también del Colectivo de Derechos Humanos, detalló que del total de casos, al menos 151 sufrieron tortura, y los siete restantes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La tortura comenzaba, señala el informe, desde la detención ya que 136 personas (86% de los casos), fueron víctimas de detenciones violentas, mediante «agresiones físicas como golpizas, empujones, arrastramiento, golpes con armas, amenazas con armas y violencia verbal, como amenazas de violación sexual y amenazas de muerte, entre otros; estas agresiones también fueron proferidas contra familiares, pero, resulta especialmente grave que en medio de las detenciones, en siete casos, los agentes policiales golpearon o apuntaron con armas de fuego a niños/as (hijos/as o sobrinos/as de las personas detenidas)».
La organización defensora de derechos humanos encontró que en 151 casos las personas estuvieron en condiciones extremas e inhumanas de detención; 102 recibieron tratos verbales degradantes; hubo 130 que recibieron golpizas; 84 amenazas de muerte contra ellos/as y sus familiares; 34 desapariciones forzadas temporales; 18 personas sufrieron quemaduras, 15 choques eléctricos; 17 casos de tortura por suspensión o “colgamiento”; siete desprendimiento de uñas; y en nueve personas se practicó la simulación de ejecución o asesinato.
El informe manifiesta que de los 158 casos, 153 personas participaron en las protestas de abril 2018, y denunciaron en redes sociales las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado. Del total de casos recibidos por la organización, 123 personas fueron amenazadas, asediadas u hostigadas previo a su detención, evidenciando un esquema de vigilancia.
Las personas detenidas fueron recluidas en 33 centros policiales en 29 municipios de 14 departamentos del país. La estación policial de Masaya a cargo del Comisionado Ramón Avellán, es uno de los peores centros, dijo Arce. También se detuvo a opositores en centros clandestinos o irregulares en ocho municipios, siete en los sistemas penitenciarios El Chipote viejo y El Chipote nuevo.
La tortura extendida y sistemática y fue adquiriendo variaciones. En los primeros dos años (2018-2019) predominaron las agresiones físicas, que fueron cambiando a “agresiones psicológicas” para debilitar y destruir la personalidad y estabilidad emocional y mental de las personas presas políticas, por lo que se comenzaron a aplicar técnicas como el aislamiento (66 casos) o la sobreexposición sensorial (26 casos), como mantener la luz encendida.
La violencia sexual es otro método de tortura que utilizó la dictadura para degradar a las personas opositoras. 113 personas fueron víctimas de violencia sexual, la cual incluye a hombres (93/130) y mujeres (20/28).
Las mujeres registran un número más elevado de víctimas, siendo la práctica de violencia sexual la más grave. Se logró identificar una clara diferencia en el patrón de violencia sexual por su gravedad, intensidad, cantidad y modus operandi respecto a la práctica sistematizada de la violencia sexual y de género como método de tortura durante los interrogatorios y la vida en general en las cárceles de Nicaragua en perjuicio de las presas políticas.
El informe detalla nueve formas de tortura documentadas como amenazas de muerte; privación de medicamentos y otros insumos necesarios para la mujer; trabajo forzoso; desnudez forzada; amenazas de violación; abuso sexual; y violación sexual.
Tamara Dávila ex presa política y desterrada en Estados Unidos, quien participó en la presentación del informe, declaró que los testimonios que se recogen «son testimonios muy doloroso pero esa es la historia que hay que ponerla en el papel y hacerlo público, para que no vuelva a pasar más en Nicaragua. Un compromiso para una salida cívica y no nos saquemos los ojos por salir de la dictadura, ni perdón ni olvido».
Dávila relató que las personas ex presa políticas que fueron desterradas y enviadas a Estados Unidos, sufren de insomnio, de espacio y tiempo; también enfrentan dolores en las articulaciones, están sometidas a estrés postraumático, y algunas tratan de recibir apoyo psicólogo. «Yo he tomado ese regalo que me han dado, pero no todos hemos tomado la decisión de comenzar a sanar, y esa es mi invitación, que podamos todos los familiares, las y los ciudadanos que han tenido que huir y dejar casas y familia para sanar mentalmente, para que el odio no se convierta en venganza y nuestros dolores no nos impidan volver a conectarnos al país porque vamos a volver», prosiguió.
El informe puede ser utilizado como herramienta para contribuir a las demandas de justicia de las víctimas y a la construcción de la memoria histórica para preservar la verdad de las atrocidades cometidas, así como herramienta de incidencia internacional con organismos de protección de derechos humanos y multilaterales puedan implementar medidas urgentes contra los crímenes de lesa humanidad, y se juzgue a las personas perpetradoras y exista reparación integral a las víctimas.
El informe se presentó en el marco del quinto aniversario de las protestas sociales de abril 2018 y en el cuarto aniversario del Colectivo Nicaragua Nunca Más. Gonzalo Carrión manifestó que, aunque casi todos sus integrantes estén en el exilio, no se callarán. «El retorno está pronto. Ese retorno va a llegar porque el pueblo nicaragüense lo merece, ningún pueblo vivir bajo las botas de una dictadura… se nos ha alargado los plazos, pero va a llegar», manifestó.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 