Redacción AP
La democracia que pregonan los gobiernos El Salvador y Honduras, quedó en discurso, ambos gobiernos durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, se abstuvieron de votar una resolución que condena la ocupación de sus oficinas en Nicaragua.
La resolución de la OEA, exige a la dictadura que restituya “inmediatamente” el uso de los locales ocupados el pasado 24 de abril, y promete seguir “ocupándose de este asunto y considerar otras acciones que puedan ser necesarias”.
El represente de Uruguay, Washington Abdalá, señaló que era importante analizar y discutir el asalto a la sede del organismo en Nicaragua, pero que también era significativo tomar en consideración la “trágica” situación que viven las y los nicaragüenses bajo el régimen Ortega-Murillo.
“En Nicaragua no hay respeto por el derecho a la vida y tengámoslo claro, el derecho a la vida es lo más importante que puede tener una sociedad y sino defendemos eso nosotros, no sé cuál es nuestra función, así que el grito que pega hoy el Consejo Permanente es un reclamo por el derecho a la vida en Nicaragua”, apuntó el diplomático uruguayo.
Mientras que Ronald Michael Sanders, representante de Antigua y Barbuda hizo un recuento de las acciones ejecutadas por la dictadura orteguista en contra de la sede del organismo y condenó los hechos.
“Hoy actuamos de manera colectiva para decir que no vamos a tolerar este comportamiento ni en el pasado, ni ahora, ni en el futuro, hemos enviado la señal correcta”, dijo Sanders.
El representante permanente de Chile, el embajador Sebastián Eugenio Kraljevich Chadwick, señaló que en la OEA “no podemos renunciar a exigir el respeto a las reglas mínimas de convivencia diplomática”.
“Es esencial que tratemos este acto como la abominación legal e institucional que realmente es y veamos que refleja el rechazo del régimen a los compromisos adquiridos con esta organización. El régimen de Ortega hace caso omiso de las recomendaciones de este Consejo, desafía sus compromisos internacionales y lo más importante es que niega derechos humanos al pueblo nicaragüense”, denunció el embajador estadounidense Bradley A. Freden.
Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA dijo que «nunca ni en los peores momentos de nuestra historia» había ocurrido «un hecho similar».
«Esta violación de derechos es lo que sufren los nicaragüenses día a día. Nicaragua ha violado sin ninguna justificación normas claras del derecho internacional» agregó.
El doble discurso de Honduras y El Salvador y el manejo de otros países
Durante la sesión del organismo internacional, el representante de El Salvador, Agustín Vásquez, dio pie a la votación, pero mostró su inconformidad de que Antigua y Barbuda propusieran que la resolución se aprobase por consenso, por lo que la presidenta del Consejo, Elizabeth Darius-Clarke, ordenó que la propuesta fuera sometida a voto.
Si bien la inmensa mayoría de las delegaciones se mostraron a favor de aprobar el texto, algunos representantes quisieron marcar distancias con la posición del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
«Mi país ha decidido votar a favor, sin que ello signifique de ninguna manera el respaldo a posibles actuaciones del secretario general en este asunto», declaró la representante permanente de México ante el organismo, Luz Elena Baños.
“Dramático cambio de El Salvador que se abstuvo de condenar asalto a la sede de la OEA por parte de Ortega-Murillo. Honduras también lo hizo, aunque no sorprende. Existe un oscuro y peligroso giro dictatorial en Centroamérica”, señaló Arturo McFields, quien fuera representante de Nicaragua, en su cuenta en Twitter.
UNAB se pronuncia
Por su parte la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, emitió un comunicado en el que expresan que “la situación en Nicaragua ha rebasado todo límite de tolerancia, gravedad y urgencia. Debe ser valorada por los cancilleres del continente a la mayor brevedad. No puede esperar a la Asamblea General de octubre en Lima”.
La UNAB plantea que hay que tomar “medidas más fuertes y ejemplarizantes, que avocan necesariamente a convocar una reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores conforme el artículo 61 de la Carta de la OEA”.