España se suma a la denuncia de Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) por genocidio. «España no se pronuncia sobre el delito en sí, lo que vamos a hacer es intervenir en la demanda para apoyar al Tribunal en las medidas cautelares para que pueda aplicarlas», ha afirmado el Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una rueda de prensa.
Sin querer calificar las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza, Albares ha explicado que el país ibérico «apoyará la decisión que tome el TIJ». Un organismo, dependiente de la ONU y distinto a la Corte Penal Internacional, ante el que Sudáfrica sí calificó de conducta «genocida» las acciones de Israel en su demanda.
«Tomamos esta decisión ante la extensión del conflicto», ha afirmado mostrándose a favor de las medidas cautelares interpuestas: «Pedimos el cese de los bombardeos, el alto al fuego, la liberación inmediata de los rehenes».
La decisión de intervenir en el procedimiento busca, según el ministro, poner fin a la guerra y empezar a aplicar la solución de los dos Estados: «No tenemos nada contra de la existencia del Estado de Israel. El reconocimiento de dos estados también les incluye».
Una decisión efectiva en el caso español desde el martes de la semana pasada y que no ha estado exenta de críticas. Tanto por parte de los socios del Gobierno, como de los propios israelíes, con los que mantiene un choque abierto desde hace semanas en el que se ha llegado a prohibir al Consulado de España en Jerusalén que preste servicio a los palestinos.
Ahora, llega un nuevo golpe de efecto en la política exterior española, que, sin embargo, según ha planteado Albares, no supone que España tome parte. «La forma en que un Estado interviene (en una demanda del TJI) está en el propio estatuto del Tribunal», ha afirmado el jefe de la cartera de Exteriores.
«Lo que se hace es presentar una memoria interpretativa, porque se busca ayudar a la interpretación del Tribunal, pero sin tomar parte. Sólo a favor del tribunal», ha dicho el ministro denunciando que las medidas cautelares «son obligatorias para todos y no se están cumpliendo».
El consulado de España en Jerusalén recibió, primero, la prohibición de prestar servicios en Cisjordania, después a los palestinos en general y, por último, la amenaza de ser cerrado. «El consulado ha abierto con normalidad y esperemos que siga siendo así», ha confirmado a este respecto Albares, que ha añadido que «España cumple escrupulosamente con el privilegio de Embajadas y consulados», por lo que exige «ese mismo respeto», en referencia a las medidas impulsadas por Israel.
Tamara Morales Orozco 