Estado de excepción por treinta días en El Salvador

Asamblea Legislativa de El Salvador. Foto: La Prensa Gráfica

Redacción AP

La Asamblea Legislativa de El Salvador, luego de una solicitud del Presidente la República, Nayib Bukele, aprobó la madrugada de este domingo 27 de marzo la suspensión por 30 días de las garantías constitucionales contempladas en los artículos 7, 12 inciso II, 13 inciso II y 24 de la Carta Magna.

Dichos artículos contemplan libertad de asociación, derecho de la defensa, plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones en ese país.

El presidente Bukele informó posteriormente de la sanción y publicación en el Diario Oficial del régimen de excepción, el cual inicia su implementación hoy.

Con el establecimiento de dicho régimen se eliminan ciertas garantías, dado el repunte de homicidios registrados los días viernes y sábado, siendo el sábado el día donde hubo 62 asesinatos. La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, reportó hasta las primera horas de este domingo de forma oficial 62 homicidios ejecutados en el transcurso del sábado.

El sábado 26 de marzo de 2022 es el día con más muertes a causa de la violencia desde que existe el registro diario de homicidios a nivel nacional, señala el diario La Prensa Gráfica. El día que se había registrado con más asesinatos era «agosto de 2015, cuando se reportaron 52 asesinatos en un solo día».

El medio salvadoreño informó que «fuentes internas de Medicina Legal confirmaron que la institución recibió 57 solicitudes de la FGR para reconocimiento de cadáveres» por lo que «Bukele llamó a sesión de la Asamblea para decretar Estado de Excepción».

El Sindicato de Empleados Judiciales de El Salvador (SEJES) manifestó que ante los asesinatos ocurridos el viernes en varios puntos del país, «Medicina Legal no da abasto».

La medida de Bukele será «implementada por las instituciones pertinentes y anunciada solo cuándo sea necesario». Sin embargo, la aprobación del régimen de excepción ha generado controversia en distintos sectores debido que se pone en riesgo la integridad de toda la población, al limitar derechos constitucionales.

El régimen de excepción fue aprobado por los parlamentarios apegándose al artículo 29 de la Constitución de la República de El Salvador; puede decretarse en caso de guerra, invasión, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público.

Pero para el jurista y especialista en derechos humanos, de la organización «Nicaragua nunca más», Gonzalo Carrión, «la forma de enfrentar los problemas de inseguridad ciudadana, la criminalidad de un país, cuando se privilegian con medidas extremas como estados de excepción, se demuestra el fracaso de la políticas para prevenir delitos, fortalecer la sociedad desde el punto de vista institucional, económico, social, políticas de Estado dirigidas a ver el fondo del problema».

Según Carrión atacar la criminalidad con estados de excepción, fortalece el poder en su nivel autoritario. «Las medidas se agravan cuando se suspenden derechos y garantías, se fortalece la línea autoritaria, vertical, del Estado y se pasa llevando derechos, más allá del que pretende proteger, es legítimo proteger la seguridad ciudadana en El Salvador, pero la suspensión de otros derechos como la libertad de asociación y otros, es como aprovechar el contexto para pasar llevándose derechos»,