Una joven de 19 años acudió el mes pasado a un hospital público en la zona occidental de El Salvador en busca de atención médica, sin saber que estaba embarazada, en lugar de recibir atención, el personal de salud la denunció por lo que fue esposada a su camilla y llevada directamente a la cárcel.
Para Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras de Derechos Humanos, la detención contraviene e incumple con la sentencia de Manuela -nombre ficticio usado por las organizaciones para proteger su identidad-, una joven de la zona rural de Morazán, El Salvador, quien sufrió una emergencia obstétrica y un parto extrahospitalario en 2008. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en 2022 una sentencia declarando culpable al Estado salvadoreño de violentar los derechos de Manuela. La defensora Burgos lamenta este hecho, porque «contraviene lo que ya habíamos dicho anteriormente que en El Salvador no había ninguna mujer encarcelada, hemos logrado la libertad de 73 mujeres debido la absoluta penalización del aborto en El Salvador», detalló a Agenda Propia Nicaragua.
Manuela fue encarcelada y condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. Mientras estaba en prisión fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, le recetaron quimioterapia y sus representantes dijeron que hubo un tiempo en que le fue negada. Murió el 30 de abril de 2010, en el pabellón de reos del hospital Rosales, de San Salvador.
Y aunque el caso se encuentra bajo reserva judicial, es el mismo patrón sistemático de criminalización hacia las mujeres que al enfrentar una situación ginecobstetra, lo que enfrentan es la cárcel en lugar de atención médica, dijo la defensora.
La Asamblea Feminista, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista denunciaron el pasado 25 de septiembre la detención de la joven tras sufrir una emergencia obstétrica. Señalan, al igual que Burgos, que este caso pone de manifiesto la situación de «criminalización que enfrentan las mujeres» en ese país.
Hace algunas semanas se conoció el caso de Dina Hernández, una joven del área metropolitana de San Salvador con un embarazo de ocho meses con riesgo avanzado. Hernández fue criminalizada en el marco del régimen de excepción explica la coordinadora de la Red de Defensoras, «cuya bebé perdió la vida bajo la custodia del Estado». Burgos añade que no se tiene información sobre la salud de Dina, «y es otro de los casos que, como también el informe de Cristosal señala, que las mujeres que han enfrentado criminalización en el estado de excepción y que bajo custodia del Estado han tenido abortos y fue responsabilidad del Estado mismo». La aplicación del régimen de excepción agrava la situación, violando derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, agrega.
“Una vez más estamos para decir y denunciar que el Estado salvadoreño está incumpliendo y vulnerando tratados internacionales, una vez más no está ofreciendo alternativas a las mujeres que están enfrentando complicaciones obstétricas, que están presentando partos extra hospitalarios. La única alternativa que están presentando estas mujeres es encontrarse con la muerte o la cárcel”, expresó Burgos, de la Red de Defensoras de Derechos Humanos.
Una emergencia obstétrica es un problema de salud de las mujeres y de las personas gestantes, debe abordarse con servicios de atención y cuidados de salud y no como un problema de seguridad. Cuando el Estado salvadoreño trata las emergencias obstétricas con las herramientas del Régimen de Excepción está cometiendo una doble discriminación y violación de derechos: porque criminaliza a mujeres pobres y porque las trata como delincuentes que amenazan la seguridad de la sociedad y esto no es así”, declaró la feminista Morena Herrera al diario El Mundo de El Salvador.
El Salvador prohibió el aborto sin ninguna excepción en 1998 y la ley castiga con entre dos y ocho años de cárcel, aunque a menudo se tipifica como «homicidio agravado», con penas de 30 a 50 años de prisión.
El país centroamericano es uno de los cinco países de Latinoamérica, junto a Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile, que prohíben el aborto de manera absoluta.
* Con información de El Mundo de El Salvador
