Estado salvadoreño podrá intervenir comunicaciones

Las reformas al Código Procesal Penal propuestas este año por diputados afines al gobierno salvadoreño que conforman la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, fueron aprobadas este 1 de febrero con 63 votos a favor por el bloque oficialista, para determinar que el Estado de ese país podrá intervenir indefinidamente las comunicaciones de cualquier persona al que la Fiscalía General de la República considere sospechoso en el marco de una investigación de cualquier delito especial contemplado en la Ley de Delitos Informáticos y Conexos.

La Policía y la Fiscalía podrán suscribir acuerdos con empresas privadas establecidas en el extranjero para que puedan acceder a información privada de la ciudadanía en sus dispositivos electrónicos, a partir de una «evidencia digital».

Además, no se necesitará de la intervención de un juez de instrucción, sino que bastará con la de un juez de paz aprobando la escucha o intervención en los dispositivos digitales del ciudadano, en una etapa preliminar de la investigación fiscal.

El decreto considera evidencia aquellos «documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, vídeos, datos y cualquier tipo de información que sea recibida o transmitida a través de Tecnologías de la Información y Comunicación o por medio de cualquier dispositivo electrónico», según el artículo 259-A.

La fiscalía podrá acceder a conversaciones telefónicas, mensajes de texto y toda aquella información que una persona almacene en su dispositivo y considerarla prueba de un delito. La propuesta da pase libre a las operaciones de los «agentes encubiertos digitales» o espías en los procesos penales, lo que permitiría asignar a «agentes», que, con autorización de un juez de paz, pueden buscar evidencia en los dispositivos electrónicos de ciudadanos sospechosos de la comisión de delitos especiales.

La redacción del texto es ambigua porque, aunque establece un límite, no queda claro cuando especifica que «el acceso al contenido de la evidencia digital, en virtud del derecho a la intimidad que se puede ver afectado (…), requerirá orden judicial, la cual podrá ser solicitada por la Fiscalía (…)». Ese «podrá» en lugar de «deberá» no aclara si la FGR tiene mandatoriamente que acudir ante un juez para solicitar la autorización, aunque el espíritu del articulado va en el sentido opuesto.

El oficialismo se arropa en que es una innovación para la persecución del delito. «Ante una cantidad tan alta de denuncias era necesario poner atención y actuar. Quiero recalcar que, frente a las difamaciones contra la figura de agente encubierto digital, aquí no hay persecución ni espionaje, solo combate al delito» aseguró Eduardo Amaya diputado de Nuevas Ideas.

Las reformas han dado pie a una serie de cuestionamientos por considerar que podría funcionar como arma de persecución a agentes críticos al régimen y a la prensa independiente como ha sido el caso de Nicaragua con la Ley de Ciberdelitos y que este 1 de febrero se condenó a Yaser Vado por cinco años por “haber violado” dicha ley creada por el régimen orteguista.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) las consideró una puerta para «legalizar el espionaje digital». César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas (APES) señaló que la reforma No establece la reforma cuánto tiempo ni por qué delitos se puede utilizar la figura del agente encubierto. De alguna forma lo que se está legalizado es el espionaje, se están legalizado prácticas que – como se comprobó a inicios de este año – se están realizando en este país», denunció.

Para Romeo Auerbach, diputado de GANA, manifestó que las críticas al decreto están basadas en que “todos los temas los quieren politizar. Arruinan algo bueno que se puede hacer. Yo no creo que esta medida sea para espiar. Un gobierno no tiene por qué estar espiando a nadie”, expresó.

Fagoaga, informó que la organización registró un aumento significativo de amenazas, hostigamientos y bloqueo de información en contra de periodistas durante el 2021. Además, Fagoaga afirmó que hay interés por parte del Gobierno en tratar de controlar a los periodistas y medios de comunicación para que revelen sus fuentes.

APES interpuso dos denuncias ante el Ministerio Público por el espionaje que sufrieron varios periodistas y por la vulneración de las conversaciones en grupos de WhatsApp donde se compartía contenido noticioso. La organización gremial dijo que Apple alertó a periodistas de El Faro, Gato Encerrado, Diario El Mundo, Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y periodistas impedientes, sobre un “posible espionaje” por parte del Estado salvadoreño.

Amnistía Internacional confirmó el espionaje digital a periodistas a través del programa Pegasus, servicio ofrecido por la israelita empresa NSO Group sólo a gobiernos. 

 Fuente: La Prensa Gráfica.