Eurodiputados a Ortega: Nicaragua podría encontrarse con medidas que la UE adoptó frente al fraude electoral venezolano

Eurodiputados | Fotografía tomada del Internet

Tamara Morales

Ocho eurodiputados del grupo Renew Europa y del Partido Popular Europeo entre los que se encuentra Dita Charanzová, vicepresidenta Parlamento Europeo, David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores; Javier Nart, primer vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica; enviaron una carta a Daniel Ortega este 10 de junio en la que manifiestan que de no adoptar medidas inclusivas como la liberación de los presos políticos, la restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la aprobación de las reformas electorales necesarias indicadas por la OEA, Nicaragua se podría encontrar ante la misma situación que la Unión Europea adoptó respecto al fraude electoral venezolano.

«Nicaragua tiene una especial relación con esta (Unión Europea) que deseamos se mantenga en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. La Unión Europea apoya al pueblo de Nicaragua a través de los programas de cooperación y queremos seguir poyando, pero eso dependerá que el país recobre las sendas de la democracia y de una paz verdadera».

Los europarlamentarios señalan que Nicaragua como estado firmante de la Carta Democrática Interamericana, de la Organización de Estados Americanos OEA, está obligado a cumplirla y las elecciones de noviembre son la oportunidad para dar fin y resolver pacíficamente la profunda crisis política que vive Nicaragua. Por ello, la resolución de la OEA aprobada en la Asamblea General en octubre del 2020 es el marco básico y creíble para unas elecciones democráticas y reconocibles.

«Nosotros respaldamos esa resolución y mantenemos que su cumplimiento significará la única forma de que las elecciones y el gobierno que surja de las mismas sean reconocidos», se lee en la carta.

Sin embargo, las leyes punitivas aprobadas por la Asamblea Nacional, la represión de la policía nacional y paramilitares, y el maltrato de prisioneros políticos, proyectan un Estado que no respeta ninguna de las libertades consignadas en los instrumentos del derecho internacional y contradice el espíritu democrático.

La nueva embestida del régimen reflejada en acusaciones infundadas de lavado de dinero, el arresto domiciliario y la solicitud de inhabilitación para ocupar cargos públicos contra diversos aspirantes presidenciales así como el allanamiento ilegal por segunda ocasión de las oficinas del medio digital Confidencial, la persecución judicial y la criminalización a periodistas independiente, «es un atropello más a la libertad de expresión e información, refuerzan la idea de la voluntad de su gobierno de mantenerse en el poder, violentando las aspiraciones de un pueblo nicaragüense de elegir a sus autoridades, vivir en libertad, paz y democracia», manifiestan.

Sobre las reformas electorales aprobadas por la Asamblea Nacional, aseguran que «no responden a los parámetros democráticos de la comunidad internacional ni la elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral; el despojo arbitrario de la personalidad jurídica del Partido Conservador y del Partido de Restauración Democrática que deja los votantes en la Coalición Nacional sin el partido de su preferencia».