La liberación de miles de reos comunes por parte del régimen Ortega-Murillo ha desatado preocupación entre organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y comunidades en todo el país. En los primeros siete meses de 2025, más de 6.200 personas fueron excarceladas, muchas de ellas sin ningún tipo de proceso de rehabilitación ni criterios claros. El resultado: un repunte alarmante de los femicidios, que ya suman 47 en lo que va del año.
Las activistas feministas señalan que el 7,18% de los liberados ha reincidido en actividades delictivas. Algunos han cometido crímenes atroces, como asesinatos a sus parejas o hijas. Las cifras revelan un patrón preocupante: al menos el 48% de los femicidios con armas de fuego fueron ejecutados por hombres previamente encarcelados. Esta situación refleja no sólo el fracaso del sistema penitenciario, sino una política de impunidad impulsada desde el poder.
Geny Gómez, integrante del Movimiento de Mujeres Nicaragüenses, sostiene que estas liberaciones forman parte de una estrategia patriarcal del régimen para demostrar su autoridad y minimizar la ley. “No hay criterios legales ni seguimiento. Se impone la voluntad del poder, incluso sobre la vida de las mujeres”, denuncia. En muchos casos, los reos regresan a los hogares donde agredieron, aumentando el peligro para sus víctimas y familiares.
“Además del peligro físico, hay un impacto psicológico y social: las mujeres temen denunciar, las comunidades sienten inseguridad y el mensaje estatal es desalentador”, explica.
Sin organismos feministas
La eliminación de más de 300 organizaciones feministas agrava el abandono institucional. Las víctimas quedan solas, sin recursos, y con agresores liberados a su alrededor.
Organizaciones denuncian que esta política de excarcelación selectiva es una forma de violencia institucional.
La ley 779, diseñada para proteger a las mujeres, ha sido debilitada y manipulada. Frente a esta realidad, defensoras de derechos humanos insisten en que no se puede construir una sociedad democrática mientras se normalice la impunidad frente a la violencia machista.
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