Desde 2021, cuatro autoridades indígenas enfrentan torturas y aislamiento tras un juicio señalado de racista y arbitrario. Organismos internacionales denuncian que la masacre que se les imputa fue cometida por colonos armados.
En una movilización internacional urgente este 2 de abril de 2026, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) han encabezado una carta abierta dirigida a las autoridades de Nicaragua para exigir la libertad de Ignacio Celso Lino, Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías.
Estos cuatro hombres, autoridades indígenas y guardianes forestales del territorio Mayangna Sauni As, permanecen recluidos en el sistema penitenciario La Modelo desde 2021. Según los organismos, “su labor como autoridades comunitarias y como guardianes forestales constituyen una expresión legítima del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, al control de sus tierras y a la defensa del medio ambiente”, y es precisamente por esa labor que hoy enfrentan represalias.
La tragedia de estos líderes se entrelaza con el ataque ocurrido el 23 de agosto de 2021 en la mina artesanal de Kiwakumbaih. Aunque la masacre dejó luto en las propias familias de los acusados —uno de los fallecidos era su propio cuñado—, la investigación oficial tomó un rumbo cuestionable. Las organizaciones detallan que “las personas sobrevivientes señalaron reiteradamente que los atacantes eran hombres no indígenas, que hablaban español, portaban armas de guerra y vestían indumentaria militar”, pero en lugar de perseguir a estos grupos, el Estado capturó a los defensores indígenas.
El proceso judicial ha sido calificado como un atropello al debido proceso. Los defensores fueron presentados como culpables antes de ser juzgados y condenados sin pruebas materiales. Ante esto, en la carta se señala que el encarcelamiento de estos líderes “ha estado acompañado de aislamiento y tortura”. Desde su traslado a Tipitapa, han enfrentado condiciones inhumanas donde, incluso, “han sido hostigados por custodios y otros internos cuando hablan Mayangna”, un claro reflejo de lo que la misiva describe como un “enfoque discriminatorio que reproduce patrones de exclusión y racismo institucional”.
A pesar de que instancias como la Corte IDH y la ONU han ordenado su libertad inmediata, declarando que “fueron privados de libertad por ejercer derechos protegidos por la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos”, el Estado de Nicaragua mantiene el desacato. Para las familias, que deben recorrer más de 500 kilómetros para verlos brevemente a través de un vidrio, la espera se agota.
La demanda de las organizaciones internacionales es que las autoridades “procedan a la liberación inmediata e incondicional” de los cuatro guardabosques y que “garanticen que las autoridades y líderes indígenas puedan ejercer legítimamente sus funciones de defensa del territorio y del medio ambiente sin temor a represalias”. Mientras el recurso de casación sigue pendiente en la Corte Suprema, el grito por la libertad de los guardianes de Bosawás resuena cada vez más fuerte fuera de nuestras fronteras.
Parte de las organizaciones firmantes de la carta son la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más (NN+), la Asociación Sueca para la Democracia y los Derechos Humanos y la Red de Solidaridad Centroamericana (Suiza), entre otras.
Foto: FIDH
