El último informe Grupo de Expertos en Derechos Humanos (GHREN) sobre Nicaragua, publicado este tres de abril, identifica a decenas de funcionarios de Gobierno, del ejército y del partido FSLN, responsables de graves violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes que alimentan la campaña de represión sistemática y generalizada en el país.
El informe menciona que más de 50 personas, – estructuras institucionales, cadenas de mando y responsabilidades individuales – han desempeñado funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución a organismo civiles así a medios de comunicación, campañas de desnacionalización y confiscación de propiedad privada.
El GHREN sostiene que Ortega y Murillo hoy copresidentes después de una reforma constitucional total en febrero de 2025, han liderado y ejecutado un plan para mantenerse en el poder mediante la represión y el abuso sistemático, que ha cooptado incluso a todo el Estado y ha difuminado los límites entre partido y Estado.
Por otro lado, se señala que las violaciones incluyen detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecuciones políticas. Además, la participación de miembros del gabinete presidencial y del partido de gobierno ha sido mencionada como parte de la implementación de las medidas represivas.
Uno de los funcionarios mencionados en el informe es Luis Roberto Cañas Novoa, viceministro del Interior, y responsable de la denegación de expedición y renovación de pasaportes a opositores políticos. Esta estrategia, según los expertos, ha sido utilizada como mecanismo de castigo contra disidentes y críticos del régimen.
Otra persona que deberá enfrentar la justicia es Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de organización nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se le atribuye un rol en la identificación y despido de jueces y otros empleados del poder judicial, que resultó en la privación de sus contribuciones a la seguridad social. «Fuentes indican que se nombraron 60 jueces nuevos, muchos de los cuales no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la Ley de Carrera Judicial. Gracias a estos nuevos nombramientos, el Gobierno se aseguró que el poder judicial esté compuesto por leales que ejecutan las órdenes recibidas directamente o a través de los secretarios políticos del Frente Sandinista», se detalla.
Se especifica que altos funcionarios de Estado y miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) participaron en la implementación y ejecución de medidas represivas, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y persecución de opositores. También se hace referencia a una lista más amplia de personas, que incluye autores directos, supervisores inmediatos y otros responsables en la cadena de mando, los cuales podrían enfrentar cargos por su implicación en estos crímenes
Métodos de represión documentados
El documento de 234 páginas, incluye diagramas detallados que mapean las relaciones entre actores estatales y no estatales dentro del aparato gobernante de Nicaragua y a la vez, detalla cómo la represión en el país centroamericano ha sido meticulosamente planificada y ejecutada. «Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales», dijo Ariela Peralta, experta del Grupo, declaraciones compartidas en una nota de prensa de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. «Estos no son incidentes aleatorios o aislados – son parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores identificables a través de cadenas de mando definidas.
Entre las tácticas utilizadas por el régimen para sofocar la disidencia, se encuentra la cancelación de la personalidad jurídica de miles de organizaciones no gubernamentales y la confiscación de sus bienes. Se ha documentado que muchas de estas organizaciones fueron cerradas arbitrariamente, mientras que sus dirigentes fueron arrestados, expulsados del país o despojados de su nacionalidad.
El GHREN precisa que se han utilizado herramientas avanzadas de análisis de datos, como la plataforma i2 Analyst Notebook, para mapear las relaciones de poder y las cadenas de mando en el gobierno y el partido sandinista. Este análisis ha permitido identificar las conexiones entre altos funcionarios y las violaciones documentadas, estableciendo así la responsabilidad directa de los acusados.
Jan-Michael Simón, presidente del GHREN, dijo que «por primera vez, revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores». Agregó que el informe «pone al descubierto la anatomía de un sistema de gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo», según la nota de prensa oficial.
Llamado a la justicia internacional
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el informe aclara que su mandato no es judicial, sino de documentación e investigación. Sin embargo, los Expertos «reiteraron su llamado a que la comunidad internacional tome medidas urgentes y concretas, incluyendo acciones legales, sanciones y mayor apoyo a las víctimas y la sociedad civil».
Para Reed Brody, experto del Grupo, «este informe es una hoja de ruta para la justicia». Señala que a partir de ahora, «los Estados, fiscales e instituciones internacionales ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas», expuso.
Este informe reafirma las denuncias previas de organizaciones de derechos humanos de la crisis en Nicaragua y plantea la urgencia de medidas internacionales para frenar la persecución política en el país.
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