El sistema político guatemalteco cerró finalmente el capítulo legal del Movimiento Semilla. El pasado 27 de marzo, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó el acuerdo que oficializa la cancelación de la personalidad jurídica del partido que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo, dejando a la organización sin existencia legal en el país.
Dicha resolución administrativa es el cumplimiento de una orden judicial que se arrastra desde julio de 2023, cuando el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, a cargo del juez Fredy Orellana, inició una persecución contra el partido tras su sorpresivo avance al balotaje presidencial. El Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, ha sostenido desde entonces una investigación por supuestas anomalías en la recolección de firmas para la constitución de la agrupación años atrás.
Para la activista Carmen Rosa de León Escribano, quien ha sufrido persecución judicial en Guatemala por motivos políticos, la decisión no solo cierra las puertas administrativas al partido, sino que representa, en palabras de la activista guatemalteca Carmen Rosa De León Escribano, «un quiebre democrático que rompe la lógica del sistema al anular una fuerza política que resultó ganadora en las urnas». De León Escribano advierte que este proceso es jurídicamente grave debido a que se intentó suspender la personalidad del partido durante el evento electoral, una acción que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) prohíbe taxativamente al establecer que ninguna organización puede ser cancelada «desde la convocatoria hasta la finalización de las elecciones».
Añade que al ignorar estas prohibiciones mediante procesos penales, se altera el marco constitucional y se envía un mensaje que la activista califica como «muy peligroso: que el voto ciudadano puede ser revisado o neutralizado después de las urnas». Esta situación debilita profundamente la institucionalidad, ya que introduce la idea de que la competencia política no se decide solo en las elecciones, sino también en los tribunales. Acciones como el allanamiento del tribunal y el secuestro de votos emitidos constituyen una «injerencia indebida en la autoridad electoral» y evidencian un patrón de captura institucional, donde instituciones que deberían garantizar la legalidad «terminan utilizándose para alterar el equilibrio democrático y preservar determinados intereses de poder».
Un proceso marcado por la presión judicial
La batalla contra Semilla escaló significativamente en noviembre de 2024, cuando el TSE ya había dado los primeros pasos para suspender el registro del partido. Sin embargo, ha sido este viernes pasado cuando el Ministerio Público confirmó que la cancelación es definitiva, agotando cualquier recurso administrativo que permitiera a la organización mantenerse vigente en el padrón electoral.
Las implicaciones de este fallo son inmediatas en el Congreso guatemalteco. Al no existir el partido como entidad jurídica, los diputados electos bajo su bandera quedan automáticamente en condición de «independientes». Esta figura legal les arrebata derechos clave dentro del parlamento: no pueden presidir comisiones de trabajo, tampoco integrar la Junta Directiva del Congreso y pierden su representación con voto en la instancia de Jefes de Bloque.
El oficialismo apuesta por el comité Raíces
La desaparición formal de su estructura partidaria, ha provocado un quiebre interno dentro de la bancada oficialista. Mientras el presidente Bernardo Arévalo sostiene la postura de que aún es posible recuperar la personería jurídica del partido original, otra facción liderada por el diputado Samuel Pérez ha decidido no esperar y ha iniciado formalmente el proceso para inscribir al comité «Raíces». Esta división marca una ruptura en la unidad que caracterizó al movimiento, separando a quienes mantienen la resistencia legal por las siglas de Semilla de aquellos que, ante el riesgo de quedar fuera del próximo proceso electoral, apuestan por la construcción de una nueva plataforma política.
El objetivo de este nuevo movimiento es iniciar desde cero el proceso de inscripción legal para asegurar una casilla en futuras contiendas electorales y tratar de recuperar la cohesión política que la cancelación de Semilla ha fragmentado.
Mientras el Ministerio Público reitera que estas acciones se limitan al estricto cumplimiento de la ley penal por falsedad ideológica en las firmas de fundación, el oficialismo intenta ahora que este nuevo proyecto logre echar «raíces» antes de que el asedio judicial alcance a sus nuevas estructuras.
Foto portada: Prensa Libre
