Salomón Manzanares
Honduras se prepara para elegir nuevas autoridades el 30 de noviembre de 2025, en un clima marcado por alianzas políticas, advertencias internacionales y la continuidad del estado de excepción en la mayor parte del país. Los candidatos han expuesto sus compromisos en espacios públicos y medios de comunicación, buscando ganar la confianza del electorado.
En diciembre de 2024, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Organización y Transmisión de Debates Presidenciales, destinada a regular la realización de debates entre aspirantes presidenciales. La medida busca facilitar la presentación de planes de gobierno y promover un voto más informado.
Para el período 2026–2030, se elegirán 256 diputados propietarios y suplentes, 40 diputados al Parlamento Centroamericano, así como 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2,168 regidores. El proceso electoral cuenta con un presupuesto de 1,492 millones de lempiras (60.2 millones de dólares).
Uno de los debates más visibles, transmitido por CNN en Español, presentó a tres aspirantes presidenciales: Nasry Asfura, Salvador Nasralla y Rixi Moncada, quienes expusieron parte de sus propuestas de gobierno.
Los candidatos presidenciales
Rixi Moncada (60), candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), representa la continuidad del proyecto político de la presidenta Xiomara Castro. Ha ocupado cargos relevantes, como la Secretaría de Trabajo en el gobierno de Manuel Zelaya (2006–2009) y, desde 2019, el puesto de consejera en el Consejo Nacional Electoral. En su cuenta de X afirmó: “Creo en la inteligencia humana, y lo primero que protegeré como Estado y como gobierno será precisamente eso: la inteligencia de nuestra gente, hoy desaprovechada en cientos de miles de hondureños empobrecidos”.
Nasry Juan Asfura (67), candidato del Partido Nacional, empresario del sector construcción, enfatizó su compromiso con la estabilidad institucional y un gobierno “basado en resultados, disciplina y orden”. Propone mayor cooperación con las 298 alcaldías y un fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos para atraer inversiones y modernizar la infraestructura portuaria del país.
Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal y exvicepresidente en la administración de Xiomara Castro, prometió convocar desde su primer día de gobierno a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Aseguró que su gestión se caracterizará por la transparencia y el uso de plataformas digitales para rendición de cuentas.
Advertencias desde Estados Unidos
Durante una audiencia especial del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense, la congresista María Elvira Salazar afirmó que la presidenta Xiomara Castro ha adoptado lineamientos cercanos a los gobiernos de Cuba y Venezuela, y advirtió que Honduras corre riesgos democráticos. Criticó el rompimiento con Taiwán y el acercamiento con China, así como la presunta intención de entregar la base estadounidense de Palmerola.
Salazar también alertó sobre intentos de acceder a información privada de votantes y pidió que las elecciones hondureñas se desarrollen sin interferencias. Asimismo, destacó la importancia del voto hondureño en Estados Unidos.
Estado de excepción y denuncias de uso político
El gobierno extendió el estado de excepción hasta el 26 de diciembre de 2026, vigente en 226 de los 298 municipios del país. Esta medida, instaurada desde 2022, permite la suspensión de garantías constitucionales y la detención de personas consideradas vinculadas a delitos.
Según Infobae, la normativa podría ser utilizada para apresar candidatos electorales por motivos políticos. El congresista demócrata Joaquín Castro expresó preocupación por “altos niveles de violencia e intimidación” contra actores políticos y sociales, lo que podría afectar la participación ciudadana y la confianza en los resultados.
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, sostiene que el estado de excepción es la “única herramienta jurídica” disponible para garantizar la seguridad en el país.
Migración y deportaciones
El exfuncionario estadounidense Enrique Roig, citando datos de Human Rights Watch, informó que entre enero y octubre de 2025 se realizaron 355 vuelos de deportados hacia Honduras, convirtiendo al país en el segundo destino más frecuente de deportaciones de Estados Unidos.
Además, Honduras ha aceptado recibir migrantes deportados de terceros países, tras la negativa de su solicitud de asilo en Estados Unidos. A esto se suma la cancelación del TPS, que deja en riesgo de deportación a miles de hondureños.
Censo electoral y partidos excluidos
Honduras tiene 10 millones de habitantes, de los cuales 6,522,577 ciudadanos podrán votar, según el consejero del CNE Marlon Ochoa. Del total, 496,307 ejercerán su voto en el exterior, principalmente en Estados Unidos. El país contará con 5,744 centros de votación y más de 19,000 juntas receptoras de votos.
Ocho partidos políticos fueron excluidos de las elecciones por incumplir requisitos legales.
El 25 de noviembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará una sesión extraordinaria para analizar la situación electoral en Honduras.
Foto portada: Prensa Libre
Daniel Rodríguez Moya