En su última nota de prensa (No. 010-2023) la policía a la orden del régimen Ortega-Murillo informó que el pasado 19 de mayo tuvo conocimiento de “actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la patria” sin detallar las cuentas ni nombres de las personas referidas.
Agregan en su comunicación, que producto de las investigaciones encontraron “centenares de miles de dólares” escondidos en bolsas ubicadas en diversas diócesis del país. Refieren que informaron (a las autoridades) de “la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por ley congelar” y mencionan que es parte de “una red de lavado de dinero que se ha descubierto en diócesis de distintos departamentos”.
Además, tanto la Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero “han confirmado movimientos delictivos con fondos que, para la diócesis han ingresado irregularmente al país” y han abierto procesos por estos delitos.
Aseguran que la Superintendencia de Bancos ha solicitado al cardenal Leopoldo Brenes, de la Conferencia Episcopal, la presentación de los documentos con los movimientos de las cuentas, de manera que se cumplan las leyes del país, “evitando los actos ilícitos que se han venido cometiendo” reiteran en su comunicado. Es decir, condenan desde ya.
Aunque se dice que han informado de las investigaciones, no se expresa a quiénes; y se continúa con un lenguaje ambiguo y retórico hablando de “situación anómala que se derive de los actos de traición a la patria, juzgados ya, y cometidos por personajes que como políticos han violentado criminalmente todos los ordenamientos jurídicos, político y sociales”, pero bien se sabe que buena parte de las personas acusadas de traición a la patria fueron juzgadas en ausencia o no fueron juzgadas.
“No hay claridad en el procedimiento, no hay realmente orden judicial, no la han mostrado y claramente es parte de una nueva fase en esa modalidad política de persecución y de ataque a la libertad religiosa en Nicaragua”, asegura la socióloga e investigadora nicaragüense Elvira Cuadra, consultada por Agenda Propia.
Cuadra afirma que el régimen Ortega-Murillo “ha mantenido una política de confrontación abierta con la iglesia católica desde hace algún tiempo para acá, particularmente desde 2018, por la posición que ha tenido la iglesia, y una buena parte de la jerarquía católica, de respaldar las demandas de los ciudadanos, las demandas de la población en términos de justicia democracia y libertades ciudadanas”.
Para la investigadora, la política de confrontación ha pasado por varios momentos, pero “desde el año pasado, 2022, se ha profundizado y los ataques han escalado su nivel de violencia”.
La acusación de lavado de dinero realizada por la policía “ha servido de justificación para cerrar las cuentas bancarias de las diferentes diócesis en todo el país” para tratar de justificar la arbitrariedad con la cual han actuado. “Son acciones arbitrarias por los antecedentes que tienen, también por la forma que se están realizando todas estas supuestas investigaciones, las detenciones y los cierres de las cuentas”. No obstante, la notificación policial cierra su diatriba afirmando que prosiguen las investigaciones “para fortalecer la transparencia en el funcionamiento y manejo de las finanzas en estas instituciones”.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 