El Registro Mesoamericano de Agresiones a Mujeres Defensoras indica que se «ha documentado 8,406 agresiones en los últimos 5 años». «Los ataques registrados han sido detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales, estigmatización, torturas, violencia sexual y malos tratos contra las privadas de libertad» se lee en el Registro.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), una articulación de más de tres mil defensoras y 300 organizaciones y redes de Mesoamérica, en su intervención en las pre sesiones en ocasión del Cuarto Ciclo de Evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) para Nicaragua este 27 de agosto, ha señalado que en Nicaragua, la violencia contra las mujeres ha «sido incesante y también se ha recrudecido».
La iniciativa destacó que desde 2018 a agosto 2024, en Nicaragua se han cancelado alrededor de 251 organizaciones feministas o que trabajan en pro de los derechos de las mujeres. “Al menos a 15 de ellas les han sido confiscados sus bienes. Los impactos de las cancelaciones de personerías jurídicas y más allá de ello, la criminalización de cualquier actividad de defensa de derechos humanos es inconmensurable, mencionó María Eugenia Gómez, defensora feminista de derechos humanos».
Por su parte, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y Las Malcriadas, que brinda asesoría legal gratuita en línea en 12 departamentos del país, aunque no intervinieron como oradoras en el evento, han sostenido reuniones con personas diplomáticas y manifiestan que el resultado de las mismas «son positivas» porque han dado a conocer que las mujeres continúan siendo víctimas de violencia y las menores de edad sufren abuso sexual de sus agresores, muchos de los cuales son mayores que ellas.
La cancelación de las personerías jurídicas de más de 260 organizaciones feministas y de derechos humanos, están ahora sin apoyo de albergues, atención jurídica y psicológica, servicios imprescindibles que el Estado no provee.
En relación a la detenidas por razones políticas, Tamara Morales Orozco, en representación del MAM y de Las Malcriadas, ha enfatizado que la situación de las presas políticas, entre las que se encuentran defensoras y feministas, no ha mejorado sino que ha empeorado, 25 mujeres están detenidas por ejercer derechos políticos de las cuales once están en celdas de máxima seguridad como castigo por una huelga de hambre realizada en septiembre de 2023, en demanda de acceso diario a patio sol, agua potable y asistencia médica profesional de calidad.
El MAM sostiene que el Estado de Nicaragua no tiene interés de proteger a las mujeres, así lo evidencia la eliminación de la ruta institucional que protegía a las mujeres, anulando las Comisarias de la Mujer, modificó la Ley 779 y hasta obligan a las víctimas a mediar con sus agresores.
En el caso las mujeres adultas y las niñas que sufren violencia sexual, el Estado de Nicaragua en vez de castigar y perseguir a los agresores, los deja en total impunidad. «La represión, el exilio, el destierro, la prohibición de ingreso al país o la migración rompen los proyectos de vida de las y los nicaragüenses, destruyen el tejido social y empobrecen a nuestro país», detalló Morales.
Las mujeres dentro de Nicaragua se encuentran en total desprotección e impunidad de parte del Estado, si ejercen derechos para ellas o sus familiares pueden ser criminalizadas y privadas de libertades o bienes. La falta del espacio cívico en el país ha provocado la desprotección total e incremento de las cifras de asesinadas. Al menos 53 femicidios se han producido hasta el mes de agosto de 2024.
Estadísticas del Instituto de Medicina Legal dan cuenta de 21.489 registros de violencia sexual para el periodo anteriormente señalado. Solo para el 2023, fueron 4,694, lo que significa que hubo más de 12 violaciones contra mujeres por día, muchas de ellas niñas y adolescentas.
Morales, quien ha sostenido encuentros con diplomáticos junto a otras organizaciones que integran la Coalición Nicaragua Lucha, ha manifestado que las presas políticas sufren tratos crueles y torturas como aislamiento absoluto, poco acceso a servicios médicos incluida salud sexual y reproductiva y alimentación nutritiva, así como no realizar ejercicios o acceder a lecturas y correspondencia, múltiples irregularidades del proceso jurídico, constantes interrogatorios con un claro componente de género que buscan reforzar que son malas madres, hijas o mujeres y la extrema restricción para visitas de familiares como hijos e hijas, así como abogadas.
Repertorio acusaciones
Por su parte, la IMD recuerda que en febrero de 2023, se dio la excarcelación, destierro y despojo de nacionalidad de 222 personas entre las cuales había 33 mujeres. La prisión política no ha cesado, al día de hoy se registra a 25 encarceladas, en su mayoría defensoras o activistas.
Tanto quienes son judicializadas, como quienes son expresas políticas que continúan en el país, viven en una condición de “muerte civil”. No tienen acceso a empleo, despidos sin liquidación, expulsión de universidades, cancelación de titulaciones y hostigamiento continuo.
La IMD ha solicitado se recomiende al Estado la inmediata liberación de todas las presas políticas y se garantice su vida e integridad, así como la de sus familiares, sin ningún tipo de represalia.
Destierro y despojo de nacionalidad
El Estado de Nicaragua también despojó de nacionalidad y confiscó los bienes de otras 94 personas, 26 son mujeres, de las cuales 23 se identifican como defensoras de derechos humanos.
La desnacionalización es una nueva herramienta que utiliza el régimen Ortega-Murillo y la mantiene como amenaza latente, explicó María Eugenia Gómez en su intervención. Representa un borrado absoluto de las ciudadanas y es un elemento crucial del terror debido a los múltiples efectos que tiene, como los conflictos por la custodia de niñas y niños, imposibilidad de acceder a sistema de salud y pensiones, suspensión de títulos a profesionales, eliminación de registros académicos, condición de apatridia, entre otros. Esto, aunado a la confiscación de bienes, provoca también un silencio forzado.
La representante de la IMD, ha especificado que existe represión migratoria o destierro de facto. Desde el 2018 al menos 74 defensoras han sufrido destierro, algunas junto a otros integrantes de su familia; 33 fueron expulsadas y a 41 se les negó la entrada, resultando destierro de facto.
Tanto Gómez como Morales, manifestaron a Agenda Propia que se sienten satisfechas por la oportunidad de exponer ante los representantes de diferentes Estados que integran Naciones Unidas “el agravamiento de las vulneraciones de derechos humanos en Nicaragua y sugerir recomendaciones oportunas para el Examen Periódico Universal al que será sometido el Estado de Nicaragua en noviembre”.
Manifestaron que su contribución visibiliza las agresiones contra defensoras y organizaciones feministas en Nicaragua y el impacto que tiene en las nicaragüenses, denuncia la situación de las presas políticas y exige su liberación, así como otras formas de represión contra defensoras y activistas como el destierro y la desnacionalización.
Por lo que, tanto la IMD como el MAM y Las Malcriadas esperan que dentro de las recomendaciones, los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tengan en cuenta adoptar un plan integral para combatir todas las formas de violencia contra de las mujeres, con medidas urgentes para reducir los femicidios y la violencia sexual, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. Así como la liberación de todas las personas privadas de libertad arbitrariamente en el marco de la crisis, y se garantice su vida e integridad, así como la de sus familiares, sin ninguna represalia.
Otra recomendación es que se deroguen normativas que limiten el derecho a defender los derechos humanos, la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica y cesar la práctica sistemática de criminalización.
Y que el Estado de Nicaragua, garantice el retorno seguro de defensoras y mujeres desplazadas por la persecución política, así como ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la restitución de la personalidad jurídica y bienes muebles e inmuebles a las organizaciones feministas y de derechos de las mujeres que han sido afectadas desde 2018.
Daniel Rodríguez Moya 
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