Asaltos, homicidios, suicidios, asesinatos, y violencia contra las mujeres y la niñez se han convertido en hechos cada vez más frecuentes en Nicaragua, especialmente en los últimos dos meses. Estos patrones de violencia generan una creciente preocupación en la opinión pública y ponen en tela de juicio la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana.
A pesar de que el Gobierno es responsable de velar por el bienestar de la población, persisten interrogantes sobre su respuesta ante esta crisis social.
Violencia como política de Estado
La activista y exiliada nicaragüense Haydee Castillo Flores atribuye el auge de la violencia a la dictadura Ortega-Murillo. “A partir de 2018, la dictadora Ortega y Murillo ha convertido en política de Estado, la violencia, y eso ha venido acompañado no solo de la retórica de odio, del discurso violento que nos flagela e induce a la violencia, sino que ha dado herramientas para la violencia. La cantidad de paramilitares que tienen armas, los CPC que vigilan constantemente y el hecho que las Comisarías de la Mujer y la Niñez se convirtieron no en protectoras de los Derechos Humanos de las mujeres, sino en Comisarías donde la filosofía de Rosario Murillo lo que prima es la armonía en el hogar. Hay tantos elementos en la sociedad, en el medio, que es un régimen que cultiva la violencia entre los nicaragüenses», denuncia.
Castillo también señala que el actual régimen “cultiva un ambiente violento”, lo cual se refleja en distintos sectores de la sociedad.
Una policía debilitada y cuestionada
Un oficial de policía consultado por Agenda Propia Nicaragua brindó su perspectiva sobre la percepción pública: ““existe una campaña mediática desde las redes sociales en contra del gobierno. Y eso se ve en los comentarios. Hay un rechazo a estos hechos, que lamentablemente están afectando a la población. Pero ya no sé ni qué pensar. También hay mucha especulación, no hay fundamentos concretos en los casos. Por ejemplo, en el caso de quienes aparecieron muertos en Ticuantepe, hubo muchas especulaciones. Tener un carro no solo es quitar y poner llantas, llenar de gasolina y lavarlo. También implica más allá del estado mecánico. La Policía determinó su veredicto, al igual que el caso de los dos muchachos en Juigalpa. La Policía determina si hay mano criminal. En ese caso no hay evidencia y es lo que se dio a conocer en el dictamen”, indica.
Sin embargo, el propio agente admite estar desconcertado ante la creciente violencia. “En la mayoría de los casos recientes, los involucrados son jóvenes. La migración también influye: padres ausentes, hijos con acceso a dinero fácil y sin orientación. Ahí se gesta una parte del problema”, añade.
También manifiesta frustración por decisiones institucionales que, según él, deslegitiman el trabajo policial. “A la policía le corresponde una parte del proceso investigativo. Otras instituciones deben conocer los antecedentes psicológicos en la familia, situación económica, separación familiar para evitar la mala información. Todos los oficiales hacemos nuestro trabajo, dejamos familias para cumplir con el deber, pero nos frustra cuando los casos los desestiman desde instancias superiores. Por ejemplo, hace poco se orientó desde la Corte Suprema de Justicia, que los casos de drogas deben dejarse sin efectos cuando la persona posee menos de dos gramos. En ese caso, se protege al gran distribuidor y a quién están afectando a la población. Nosotros como oficiales, sentimos que se nos cae el trabajo», detalla.
El cambio de rol institucional
La activista Castillo refuerza esta crítica al señalar que la Policía dejó de tener un enfoque preventivo. “Hoy, en vez de proteger a la ciudadanía, protege al régimen. Han desvirtuado completamente el concepto de seguridad ciudadana. Los ciudadanos pasamos a segundo plano. La Policía tiene su rol, el Ejército igual, pero aquí quien ha desvirtuado completamente el concepto de Seguridad Ciudadana y humana es la dictadura. La Policía hace su papel de investigar, mostrando pruebas, sin embargo, una vez que tienen un dictamen le votan el trabajo, causando desgastes físicos y a las familias, incluso”.
La violencia traspasa fronteras
La inseguridad no se limita al territorio nacional. El asesinato del exmilitar Roberto Samcam Ruíz en San José, Costa Rica, ha encendido las alarmas sobre la internacionalización de la represión.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció que: “Las violaciones de derechos humanos no terminan en la frontera. Ningún lugar en el mundo parece seguro para quienes se oponen al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
Por su parte, de acuerdo a una publicación del medio digital Confidencial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre el aumento de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ahora también alcanza a opositores y organizaciones nicaragüenses en el exilio. Según la CIDH y su Mecanismo Especial (MESENI), han recibido denuncias de persecución y hostigamiento contra personas y grupos que operan fuera del país.
Castillo confirma esta afirmación y responsabiliza directamente al régimen. “La dictadura ha exportado la inseguridad. Internacionaliza la inseguridad. Lo vemos con los asesinatos de Samcam, de tres campesinos y otros casos. Esto demuestra la vulnerabilidad de los nicaragüenses en el exilio”.
Un ex reportero gráfico, solicitante de asilo en Estados Unidos, también comparte su experiencia: “Ya no estoy en Costa Rica, pero viví ahí por 3 años, después que dejé de trabajar para un medio en Nicaragua, y salí porque no me parecía seguro, hay muchos sicarios y gente infiltrada de Ortega. Esa gente es tan criminal que son capaces de seguirte hasta cumplir sus malvados objetivos, y lo hemos vistos en casos importantes que han ocurrido más allá de las fronteras nicaragüenses”.
Educación más allá de la represión
El oficial de policía concluye con una reflexión crítica: “A mí me preocupa esta situación, porque se ve todos los días y estamos dentro de muchos actos de violencia, además son padre de familia. Pero creo que no solo se trata de solo erradicar la pobreza y el analfabetismo. Debe ser en la educación integral, pero tendría ver un compromiso con acciones, para bajar los índices de violencia, lo que veo bastante complicado actualmente”, indica.
Tamara Morales Orozco 
María Gómez Mejía 