Este 24 de julio cumplen siete años de estar detenido injustamente el preso político Jaime Enrique Navarrete Blandón. Margine Blandón, madre de Navarrete, quien continúa detenido a pesar de haber cumplido su condena hace más de dos año ha expresado a Agenda Propia Nicaragua que tiene dos años y medio de no verlo. Asegura que «está físicamente y mentalmente mal de salud , ya no aguanta más», expresó.

Navarrete fue detenido en 2018, y meses después fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión más una multa por supuestos delitos de posesión de drogas y armas ilegales.

Cumplió su condena en enero de 2023, pero el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se niegan a liberarlo. Margine se siente destrozada, angustiada. «La impotencia me desespera. Mi hijo es inocente de todos los cargos que le han puesto y Dios lo sabe «.

La desesperación es tal que ya no haya qué hacer. «El es un gran joven con un gran corazón y educación no merece tanta crueldad que han hecho con él, el gobierno debe de investigar bien que han cometido una gran injusticia solo por levantar su bandera… Se han ensañado con el porque según en el último discurso que salieron los 222, Daniel Ortega dijo que era enviado y financiado por la CIA», expone.

La oficina de la Alta Comisionada Adjunta Nada al Nashif de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), denunció del año pasado que «la oficina está preocupada por la situación del Sr. Jaime Navarrete, un participante en las protestas de 2018, que sigue detenido a pesar de ya haber cumplido su condena… Su integridad física y mental está en riesgo”, dijo durante una actualización sobre la situación del país, presentada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2024.

Sin embargo, en su réplica, la Fiscal General de Nicaragua, Wendy Morales que intervino en ese momento, a través de videoconferencia, afirmando que las autoridades de su país no aceptaban esas actualizaciones orales ante el Consejo de Derechos Humanos, «que carecen de valor y credibilidad». Añadió que «no son más que una justificación para llenar las agendas de estos foros con la intención de hacer parecer que realmente les preocupa Nicaragua, cuando en realidad lo que buscan es fomentar la división, la desinformación y la agresión contra un país entero que se esfuerza por avanzar», declaró la Fiscal General. Morales dijo además, que los datos presentados por Al Nashif provenían de grupos «que forman parte de una agenda definida por mentiras y buscan hacer invisible los grandes avances en derechos humanos que ha logrado el pueblo nicaragüense». Entre estos «grandes avances», Morales mencionó el acceso a la salud, la educación y el empleo, desconsiderando los principios de universalidad, interdependencia.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (WGAD, por sus siglas en inglés) declaró en mayo de 2025 que la detención de Navarrete es arbitraria, violatoria del derecho internacional y exige su liberación inmediata, además de una investigación exhaustiva sobre su caso.

El organismo detalla que el preso político fue encarcelado por primera vez en 2018 por participar en las protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Liberado en 2019 bajo la Ley de Amnistía, fue recapturado apenas 44 días después, con cargos fabricados, y sometido a torturas y a un proceso judicial sin garantías mínimas. Aunque cumplió su condena en enero de 2023, continúa detenido ilegalmente en condiciones que ponen en riesgo su vida.

Torturas y condiciones inhumanas

Durante sus años en prisión, Navarrete ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas. En su primera detención fue sometido a choques eléctricos, quemaduras con cigarrillos y ácido, y amenazas de ser quemado vivo. Tras su recaptura en julio de 2019, fue brutalmente golpeado, fracturándole costillas y nariz, y recluido en una celda de castigo con temperaturas extremas, sin ventilación ni acceso a atención médica, a pesar de padecer hipertensión, dolores crónicos y problemas respiratorios.

La ONU advierte que estas condiciones podrían provocar su muerte. Para el Grupo de Trabajo, la negación de atención médica en este contexto constituye una forma de tortura.

Persecución política y falta de garantías legales

El WGAD señala que la detención de Navarrete responde a motivaciones políticas y constituye una violación grave a derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y la prohibición de detención arbitraria. Su recaptura ocurrió después de que denunciara públicamente vigilancia policial. Fue acusado de posesión de armas y drogas, con pruebas falsificadas por la Policía y la Fiscalía. Durante el juicio, se desestimaron evidencias de su inocencia y fue condenado en un proceso sin independencia judicial.

En 2023, como ha expuesto la madre de Jaime Daniel Ortega lo acusó públicamente de ser “mercenario de la CIA”, lo que el Grupo de Trabajo considera un acto que confirma la naturaleza política de su encarcelamiento.

Sin sentencia vigente, pero continúa en prisión

La situación legal de Navarrete se agrava por la falta de defensa, luego de que su primer abogado huyera del país en 2022 y el segundo falleciera en 2023. La familia y defensores han enfrentado obstáculos sistemáticos del gobierno para gestionar su liberación.

Las autoridades han intentado fusionar su condena de 2019 con la de 2018, anulada por la Ley de Amnistía, violando el principio jurídico de Non Bis In Idem, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Incluso, custodios penitenciarios han informado a Navarrete que no será liberado, a pesar de no existir ninguna sentencia vigente.

La ONU exige justicia

El Grupo de Trabajo ha remitido el caso a los Relatores Especiales sobre tortura, libertad de expresión, salud y detención arbitraria, ante la gravedad de las violaciones cometidas. También exige al gobierno de Nicaragua la liberación inmediata de Navarrete, garantías de reparación integral, atención médica urgente y sanciones contra los responsables de su detención y tortura.

Este pronunciamiento se suma al creciente cúmulo de denuncias internacionales por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Ortega y Murillo, acusados de mantener una política sistemática de persecución y represión a la disidencia.

La Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria para Nicaragua (AUDJUDRNIC), que representa a Navarrete, anunció que continuará el seguimiento a este caso hasta lograr su liberación y la reparación de sus derechos violados.

La madre de Navarrete exige y espera la libertad de su hijo. «Para maldad es suficiente mi hijo está en mi mente y corazón 24/7 no solo a él están matando poco a poco yo también sufro por mi hijo, quiero ver libre a mi hijo quiero abrazarlo y decirle que nunca estuvo solo. En el nombre de nuestro señor Jesús espero tocar esos corazones que se han equivocado con un ser humano inocente», manifiesta.

Con información de medium.com