Redacción AP
Un día después que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Ministerio Público de Nicaragua y a nueve funcionarios del gobierno de ese paìs «en respuesta a la farsa de elecciones que organizaron Daniel Ortega y Rosario Murillo», el presidente de Estados Unidos Joe Biden, emitió este martes una proclama que impide y suspende la entrada a Estados Unidos a funcionarios del régimen Ortega-Murillo que incluye familiares de funcionarios involucrados en violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Biden dijo que para ayudar al pueblo nicaragüense a lograr sus aspiraciones de democracia y dada la supresión de los derechos humanos ha determinado «que es de interés para Estados Unidos a restringir u suspender el ingreso a Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, de miembros del Gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vice presidenta Rosario Murillo, y otros descritos en esta proclamación quienes formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socaven o dañen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua».
La proclama señalada incluye a miembros de la policía quienes han atacado a instituciones religiosas en represalia por su apoyo a líderes políticos y religiosos. «El gobierno de Ortega controla múltiples servicios de seguridad, incluidos parapoliciales no uniformados, armados y enmascarados, que abusan de las personas para promover la agenda autoritaria del gobierno de Ortega, acosando, amenazando y cometiendo violencia contra quienes se oponen al gobierno».
Por otro lado, la medida alcanza a alcaldes municipales, quienes ejercen un fuerte poder político y una autoridad presupuestaria. Asimismo, han actuado bajo órdenes directas de Ortega y han dirigido la violencia en supuesto favor de la democracia en sus comunidades. «Por ejemplo, los alcaldes y las oficinas de los alcaldes leales al gobierno de Ortega han organizado y canalizado fondos estatales a grupos parapoliciales involucrados en la represión violenta», dice el documento.
El poder judicial es otra instancia afectada. Biden asegura que este Poder le ha fallado al pueblo nicaragüense al ayudar e incitar al gobierno de Ortega al uso de cargos por motivos políticos para encerrar a los presos políticos. «Al apilar el poder judicial con jueces y fiscales controlados por el gobierno, el gobierno de Ortega ha abusado del sistema de justicia para silenciar a los críticos. Las autoridades han mantenido incomunicados a muchos presos políticos durante meses, sin acceso a sus abogados y sin conocimiento de los cargos falsos presentados en su contra», detalla.
La continuidad de los actos represivos y abusivos del régimen Ortega-Murillo y quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar. «Las acciones autoritarias y antidemocráticas del gobierno de Ortega han paralizado el proceso electoral y despojado del derecho de los ciudadanos nicaragüenses a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas» se señala.
Quienes quedan suspendidos y tienen limitado el ingreso a Estados Unidos son funcionarios del Estado de Nicaragua tales como jefes y funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, alcaldes, vicealcaldes y secretarios políticos del FSLN que participaron de diversas maneras de la represión y violaciones de derechos humanos.
También a funcionarios de los servicios de seguridad del país como el Ejército y la policía regular, incluyendo su Dirección de Operaciones Especiales, grupos parapoliciales y paramilitares; funcionarios de la administración penitenciaria; y de otros ministerios; operadores de agencias reguladoras, de empresas paraestatales, administradores y profesores de educación superior, así como a funcionarios electos; personas no gubernamentales que actúan como agentes para facilitar u obtener beneficios financieros de políticas o acciones que socaven o lesionen las instituciones asì como sus cónyuges, hijos e hijas.
El presidente Biden emitió otra orden sobre Nicaragua en la cual determina que los actos del régimen implican un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. «La situación en Nicaragua, incluida la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y el desmantelamiento y socavamiento sistemático de las instituciones democráticas y el estado de derecho por parte del régimen de Ortega, su uso de violencia indiscriminada y tácticas represivas. contra la población civil, así como su corrupción que condujo a la desestabilización de la economía de Nicaragua, continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por esta razón, la emergencia nacional declarada el 27 de noviembre de 2018, debe continuar en vigencia más allá del 27 de noviembre de 2021”, sostuvo.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 
Cristhian Alvarenga 