La pérdida arbitraria de la nacionalidad agrava la crisis de derechos humanos en Nicaragua
Periodistas exiliados denuncian obstáculos legales, vigilancia estatal y el silencio de la comunidad internacional
En un contexto de creciente autoritarismo, periodistas y defensores de derechos humanos nicaragüenses han denunciado una nueva fase de represión: la apatridia de facto, una condición que les deja sin ciudadanía ni protección legal, a merced de los vacíos jurídicos y las limitaciones impuestas por el exilio.
“La apatridia de facto es cuando ningún Estado te reconoce como ciudadano; es una violación profunda a los derechos humanos” asevera Lulio Marenco Contreras, defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, exiliado en Costa Rica en una reciente entrevista de Agenda Propia Nicaragua. Sus palabras resumen la angustia de más de 400 personas a quienes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha despojado arbitrariamente de su nacionalidad desde 2022 y 2023.
Marenco señala que se violan derechos conexos como el no estar en el país de nacimiento, el derecho al trabajo, al seguro social o a la pensión, a las propiedades que se han confiscado, entre otros, pero sin que haya ningún tipo de procedimiento o cómo demostrarlo ante otro país. «Tenemos testimonios de personas que fueron desterradas de manera silenciosa de Nicaragua hacia Costa Rica y al llegar a Costa Rica las autoridades le dijeron ¿dónde está su resolución de deportación? y justamente eso es la apatridia de facto», argumenta.
La medida ha tenido consecuencias devastadoras. No solo impide la entrada a Nicaragua, sino que convierte a las personas afectadas en jurídicamente invisibles. Donaldo Hernández es periodista nicaragüense, está en Costa Rica exiliado, dice que “A varios de nosotros – periodistas – se nos ha negado el ingreso a Nicaragua, se nos impide renovar cédulas de identidad, se nos ha impedido renovar pasaportes. En mi caso personal, yo tengo un título universitario y ese título está inscrito en La Gaceta diario oficial, sin embargo, intenté apostillarlo el año pasado porque estaba intentando aplicar a una maestría , pero se hizo imposible poder apostillar mi título para poder aplicar a nuevas oportunidades de estudio y también oportunidades laborales», expresa.
Periodistas, activistas y la ciudadanía enfrentan obstáculos para convalidar sus títulos, acceder a servicios básicos o siquiera obtener documentos personales en el extranjero. Donaldo detalla que para aplicar a la nacionalidad costarricense es necesario documentos de Nicaragua como la partida de nacimiento, cédula de identidad, certificados de estudios, «es muy difícil acceder a estos documentos para empezar tus trámites como refugiado, posteriormente como residente y finalmente como nacional, por eso lanzamos este SOS a la comunidad internacional y sobre todo, a los países que han sido solidarios con los nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad, y que han sido publicados en listas y aunque nosotros no estamos en ninguna lista, pero tenemos violados varios de nuestros derechos que están relacionados con nuestra ciudadanía».
El fenómeno no ocurre en el vacío. Las reformas constitucionales aprobadas por el oficialismo en enero de 2025 han eliminado garantías fundamentales, como el derecho a la nacionalidad, a la identidad legal y a la libre circulación dentro y fuera de Nicaragua, reconocida en el artículo 32 de la anterior Constitución Política. A esto se suma la instrumentalización de los consulados, que han dejado de proteger a los ciudadanos para convertirse, según los testimonios, en mecanismos de vigilancia. “La protección consular ya no existe. Lo que existe es una red de control desde el exterior”, denuncia el defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más».
Marenco explica que según sus registros, los periodistas son el segundo grupo más afectado con el tema de la apatridia de facto. «Hay un número indeterminado de víctimas y es difícil saber a ciencia cierta cuáles son los alcances… la apatridia de facto no solo afecta a la persona sino también a su núcleo familiar. Casos de hijos que de repente, cuando quieren tramitar un documento no tiene padre, no tienen madre o que simplemente se los niegan producto de estas consecuencias de la apatridia de facto o la apatridia a través de la ley 1145 que fue aprobada el 9 de febrero de 2023.
Ante este escenario, los afectados han enviado solicitudes de nacionalidad a gobiernos como el de España, Chile, Guatemala y México y han planteado peticiones de refugio. Sin embargo, las respuestas oficiales han sido escasas o inexistentes. Hernández detalla que “ya se envió carta al gobierno de España, recibimos el respaldo de la Asociación de Prensa de Madrid, solicitando la nacionalidad, si esa fuese una alternativa que nos puedan dar; ya iniciamos el proceso de enviar peticiones a los Estados de Argentina, Chile, Guatemala y México para poder tener algún tipo de respuestas, pero no hemos recibido comunicación oficial de los Estados a los que hemos enviado la solicitud», lamenta.
Por su parte, Lulio Marenco manifiesta que se necesita voluntad política de los Estados para seguir acompañando a las víctimas y combinarlo con una salida a la situación, «porque es importante no solo denunciar las violaciones a los derechos humanos que han venido sucediendo en el país sino también brindar un verdadero acompañamiento a las víctimas. La apatridia de facto genera una situación de especial vulnerabilidad en las personas que lo sufren por todo lo expuesto por Donaldo», explica.
La comunidad internacional ha condenado la crisis nicaragüense, pero las víctimas consideran que las acciones concretas han sido insuficientes. “Esta es una de las peores crisis de derechos humanos en América Latina. Necesitamos acciones, no solo declaraciones. Aunque gracias a algunos esfuerzos en Costa Rica, por ejemplo, hemos podido realizar cursos de formación en la Universidad de Costa Rica, talleres, diplomados; sin embargo, faltan algunos esfuerzos como poder colegiarnos o convalidar nuestros títulos, aplicar a una plaza como periodista, una plaza en una universidad, optar a alguna organización”, sentencia el periodista.
El llamado es claro: garantizar justicia, protección y restitución de derechos a quienes han sido despojados no solo de su patria, sino también de su voz.
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