Desde las protestas de abril de 2018, Nicaragua ha vivido una represión sistemática contra voces críticas y opositoras al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Detenciones arbitrarias sin orden judicial, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas y asesinatos han marcado un patrón de violaciones graves a los derechos humanos, según denuncian organizaciones defensoras y familiares de víctimas.
Dicha situación ha derivado en lo que expertos consideran crímenes de lesa humanidad cometidos en total impunidad.
Una de las situaciones que han mantenido en alerta a los organismos de derechos humanos nacionales como internacionales es la prolongación del tiempo de desaparición.
Gonzalo Carrión del Colectivo Nicaragua Nunca Más, ha presentado el último informe titulado “¿Dónde más busco?” en el que detallan la grave situación en la que se encuentran decenas de ciudadanos secuestrados por la dictadura y las graves condiciones en las que algunos son entregados a sus familiares, de los cuales la mayoría son regresados sin vida.
“Si antes se trataba de días o semanas, hoy existen casos de personas desaparecidas por más de dos años”, explica Carrión. Entre ellos se mencionan nombres como Bruno Rivera y otros detenidos trasladados desde Costa Rica, quienes nunca más fueron vistos.
En el informe destacan que algunas familias han recibido los cuerpos de sus seres queridos, obligadas por el Instituto de Medicina Forense a enterrarlos de inmediato, lo cual ha sido calificado por los organismos de derechos humanos como una estrategia de terror.
Más de 70 presos políticos
La represión también ha alcanzado a los familiares de los desaparecidos, quienes en medio del dolor, la desesperación y el temor siguen demandando que sus seres queridos sean liberados o que los muestren públicamente para conocer su estado.
Informes recientes indican que más de 70 personas permanecen presas políticas, de las cuales cerca de la mitad están en condición de detenidos desaparecidos, lo que representa un escándalo internacional y un golpe devastador a miles de familias.
Organismos y colectivos de derechos humanos han documentado más de 1,400 testimonios que evidencian patrones de tortura, persecución y desplazamiento forzado. El exilio supera ya las 800 mil personas, una cifra sin precedentes en la historia del país.
Carrión insiste en la importancia de seguir denunciando la crisis nicaragüense ante la comunidad internacional, recordando que el silencio es precisamente el objetivo central del estado de terror impuesto por la dictadura Ortega-Murillo.
Aquí la entrevista:
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Tamara Morales Orozco 