El ejército de Israel perpetró la madrugada de este lunes un ataque de precisión contra la tienda de campaña en la que vivían y trabajaban cinco integrantes del equipo de Al Jazeera en Gaza. El bombardeo, ejecutado frente al hospital Al Shifa, mató al reportero palestino Anas Al-Sharif (28 años), uno de los más destacados de la cadena catarí Al Jazeera, a su colega Mohammed Qreiqeh, y a los camarógrafos Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa y Mohammed Noufal.
Al-Sharif no era un periodista cualquiera: sus reportes y transmisiones se habían convertido en una de las pocas ventanas que el mundo tenía para ver lo que ocurre en Gaza, debido a que Israel impide la entrada de corresponsales internacionales; Al-Sharif documentaba la hambruna forzada que vive la población y el impacto de los bombardeos sobre civiles.
Meses atrás el periodista palestino había publicado una carta que parecía anticipar su destino: afirmaba que si moría, sería porque Israel había logrado silenciar su voz. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPI) había advertido las amenazas y campañas de desprestigio en su contra, que lo vinculaban falsamente con Hamás. Reporteros Sin Fronteras ha recordado que nunca se presentaron pruebas de tales vínculos.
El ataque se enmarca en una cifra alarmante: Más de 200 periodistas palestinos asesinados desde octubre de 2023. Las organizaciones de defensa de la prensa señalan un patrón sistemático de ataques selectivos para eliminar testigos de lo que ocurre, en un contexto donde la población civil enfrenta bombardeos incesantes, hambruna y desplazamiento masivo.
La cadena Al Jazeera calificó el ataque como “otro golpe flagrante y premeditado contra la libertad de prensa” y exigió a la comunidad internacional que intervenga para frenar lo que describe como un intento deliberado de “ejecutar sus masacres lejos de los ojos del mundo”.
Paralelos con Nicaragua y Centroamérica
Aunque el contexto de Gaza es el de un conflicto armado con una ofensiva militar de gran escala, el patrón de fondo -acallar voces que incomodan al poder- tiene ecos cercanos. En Nicaragua, el gobierno ha convertido el ejercicio del periodismo independiente en un delito de facto: desde 2018, más de 200 periodistas se han visto obligados a exiliarse, medios de comunicación han sido confiscados, y reporteros son acusados de conspirar o difundir “noticias falsas” solo por investigar y publicar información crítica.
En otros países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala, la criminalización del ejercicio periodístico, el hostigamiento judicial, las amenazas y la violencia también buscan silenciar investigaciones de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos humanos.
El asesinato de Anas Al-Sharif y su equipo no solo marca una tragedia para el periodismo palestino, sino que lanza una advertencia mundial: la libertad de prensa está bajo asedio, y no es necesario que haya bombas para que el silencio impuesto sea igual de mortal para la democracia.
Foto de portada: El Salto
Patricia Orozco 
María Gómez Mejía 