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En este capítulo nos adentramos en un tema urgente y sensible: “Los Ángeles bajo toque de queda”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó expandir las detenciones y deportación de migrantes en todos el país, mientras las protestas contra sus políticas continúan. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump hizo un llamado a las agencias federales a «hacer todo en su poder» para cumplir con «el programa de deportaciones masivas más grande de la historia».
La narrativa de Trump resalta una estrategia política basada en el control simbólico del «otro» como amenaza. Su llamado al “programa de deportaciones masivas más grande de la historia” no solo refleja una visión autoritaria del poder presidencial, sino también una estrategia electoral efectiva basada en el miedo, especialmente al dirigirse a su base con términos como “foráneos ilegales” y “tranquilidad interna”. Estas expresiones deshumanizan a las personas migrantes y permiten justificar medidas extremas ante la opinión pública.
Además, se observa una instrumentalización del aparato federal —incluyendo al ICE y la DEA— como herramienta de control político más que como entidades independientes al servicio del Estado de derecho.
Tensión constitucional y legal: ciudades santuario y federalismo
Las instrucciones de Trump de enfocarse en las “ciudades santuario” revelan una grave fricción entre los poderes federales y estatales, una tensión típica en sistemas federales como el de EE. UU. Las ciudades santuario, amparadas en su autonomía legal, se niegan a colaborar con agencias migratorias federales en detenciones que violen derechos civiles o debiliten la confianza comunitaria.
Esta confrontación no es meramente operativa: tiene profundas implicancias constitucionales sobre los límites del poder ejecutivo frente a las decisiones de gobiernos locales democráticamente elegidos. Al intentar forzar la colaboración mediante presión pública y acciones policiales, Trump entra en una zona gris legal que ha dado pie a múltiples demandas en cortes federales.
Impacto económico e hipocresía estructural
Una de las mayores contradicciones es que, a pesar de su retórica de “limpieza migratoria”, la administración reconoce —tácitamente— la dependencia de la economía estadounidense en la mano de obra indocumentada. La suspensión parcial de redadas en sectores como agricultura, hotelería y empacadoras de carne confirma lo que múltiples estudios han demostrado: estos trabajadores son esenciales para el funcionamiento de industrias críticas, muchas de las cuales enfrentan crisis laborales sin esta fuerza de trabajo.
Esto plantea una paradoja: se criminaliza y persigue a una población que, a la vez, sostiene el sistema productivo y genera riqueza económica. Esta relación asimétrica es una forma moderna de explotación estructural, disfrazada bajo el discurso de “seguridad nacional”.
Protesta social y militarización de la respuesta
El aumento de protestas, descrito en el texto, indica una respuesta social significativa a las políticas migratorias de Trump. Lo preocupante no es solo la represión de estas manifestaciones, sino la participación de infantes de marina y uso de fuerza militarizada contra ciudadanos en suelo estadounidense. Esta práctica ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, pues erosiona las garantías democráticas básicas y plantea dudas sobre la legitimidad del uso del poder del Estado.
La muerte de un manifestante en Salt Lake City y los incidentes violentos en Portland y Los Ángeles son recordatorios de que el discurso del orden puede fácilmente derivar en represión sistemática si no existen mecanismos de control institucional y judicial robustos.
La política migratoria de Trump no es solo un conjunto de acciones administrativas: es una plataforma ideológica que usa la migración como chivo expiatorio, busca consolidar poder político mediante la división y desafía los principios constitucionales y humanitarios. El despliegue de recursos federales para ejecutar deportaciones masivas, mientras se reprime la protesta pacífica, debe ser analizado no solo como política migratoria, sino como una señal de retroceso democrático.
Además, al mismo tiempo que se promueve una retórica de exclusión, se revela la dependencia estructural del sistema económico hacia quienes se pretende expulsar. Esta contradicción evidencia que la migración indocumentada no es el problema, sino un síntoma de la falta de voluntad política para una reforma migratoria integral y justa.
Este podcast busca generar conciencia, empatía y diálogo. Si sos parte de la comunidad migrante, trabajas en temas sociales, o simplemente querés entender mejor lo que ocurre a tu alrededor, este episodio es para vos.
Foto de portada: Generada por AI
