Los dictadores y perpetradores de crímemes de lesa humanidad también mueren. Alberto Fujimori, el criminal que entre otras muchos arbitrariedades fue el responsable de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en Perú, en las que 25 personas fueron asesinadas a sangre fría, ha muerto a los 86 años. Lo ha hecho en su cama, en la casa de su hija, a causa de un cáncer, después de haber sido excarcelado, paradoja donde las haya, por motivos humanitarios.
Fujimori se encontraba hasta hace unos meses encarcelado cumpliendo una condena de 25 años de privación de libertad por diversos delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad. De la condena ya había cumplido 15. A veces, aunque se crean intocables, a los dictadores la justicia les llega.
Fujimori, nacido en Lima en 1938, era descendiente de japoneses. Gobernó Perú desde 1990 hasta el año 2000, después de llegar al poder en medio de una situación de caos económico en el que la inflación mensual llegó al 397% y con un sangriento conflicto armado que se prolongaba ya una década entre el Estado y los grupo terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Posteriormente, en 2009, fue condenado a 25 años de prisión por cargos de asesinato, señalado como responsable de la creación y financiación de un escuadrón militar clandestino que mató al menos a 25 personas, entre personas universitarias y vecinas de un barrio de la capital, incluido un niño, a quienes consideraron exguerrillero de Sendero Luminoso.
Pionero en el autoritarismo con fachada democrática
El 5 de abril de 1992, Fujimori se daba un autogolpe de Estado. Anunciaba en un mensaje televisivo el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema judicial y el inicio de un “gobierno de emergencia” con el objetivo de redactar una nueva Constitución para reemplazar la de 1979, que prohibía la reelección inmediata. Fujimori inauguraba así lo que muchos estudiosos han venido en denominar como un nuevo tipo de autoritarismo en la región, que lamentablemente ha creado escuela (véase El Salvador), mediante el cual gobernaba de manera autoritaria bajo una fachada democrática y un gran respaldo popular.
El condenado por crímenes de lesa humanidad, con la ayuda de su jefe de espías, Vladimiro Montesinos, exabogado de narcos y oficial expulsado del ejército, controló un sistema de inteligencia que, con dinero público, favoreció a Fujimori y eliminó cualquier tipo de oposición sobornando a legisladores, jueces, fiscales y dueños de medios de comunicación.
No hay sistema autoritario sin una clave: la reelección. Y así lo hizo en 1995 y también en 2000, entre acusaciones de fraude. Organizaciones como Human Right Watch emitieron informes en los que dejaban claro que su gestión se podía considerar como “un régimen mafioso” que se sostuvo en el poder mediante la corrupción y la manipulación de las instituciones democráticas. En esta línea, Transparencia Internacional calculó en 2004 que se malversaron 600 millones de dólares durante su gobierno, colocándolo entre los diez presidentes más corruptos del mundo.
Masacres y crímenes de lesa humanidad
Pero la década en la que gobernó el país tuvo una tónica mucho más oscura y criminal que la corrupción. En este periodo, fue responsable de varias matanzas, incluida las de Barrios Altos y La Cantuta, así como de las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres y hombres, en su mayoría indígenas.
La primera de estas masacres, llevada a cabo por el escuadrón paramilitar del ejército conocido como Grupo Colina, ocurrió la noche del 3 de noviembre de 1991 en el antiguo barrio de Barrios Altos, en el centro de Lima.
Ocho hombres armados con metralletas y cubiertos con pasamontañas irrumpieron en un solar donde los vecinos celebraban una fiesta, obligándoles a tirarse al suelo. Luego, dispararon ráfagas de balas con silenciadores y, finalmente, uno de los atacantes remató a los heridos con tiros de gracia. Alberto Fujimori fue juzgado y condenado a 16 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.
La otra masacre tuvo lugar en la madrugada del 18 de julio de 1992, en la Universidad La Cantuta. Nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados por el Grupo Colina y llevados a una zona desolada al este de Lima, donde fueron ejecutados con disparos en la nuca. Los cuerpos fueron enterrados en secreto en tres fosas, posteriormente desenterrados y trasladados a otro lugar, donde finalmente fueron hallados gracias a investigaciones periodísticas. Inicialmente, el Gobierno y las Fuerzas Armadas atribuyeron la masacre a un atentado terrorista de Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, pero las investigaciones de la prensa ya señalaban a un grupo de militares del Servicio de Inteligencia del Ejército.
La justicia también condenó a Fujimori por los casos del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, detenidos la noche del 5 de abril de 1992, cuando Fujimori disolvió el Congreso, y llevados al cuartel general del Ejército, donde se encontraba el Servicio de Inteligencia del Estado. Tanto Gorriti como Dyer fueron liberados días después.
Extraditado desde Chile
En 2005, ya alejado del poder, Fujimori había viajado a Chile, donde se encontró que una corte autorizó su extradición a Perú, que se produjo dos años más tarde. Aquí comenzó lo que seguramente nunca esperaba, un juicio histórico que se dilató por 15 meses y que convertía a Fujimori en el primer presidente peruano procesado por violaciones a los derechos humanos. Él afirmó que todo era fruto de una venganza política, pero todo quedó más que demostrado y se le condenó por los 25 asesinatos. Fue condenado a 25 años de prisión. Le salió barato, a un año por vida arrebatada.
También fue sentenciado por corrupción por el pago ilegal de 15 millones de dólares a su lugarteniente Montesinos para sobornos. En enero de 2015, también era condenado por usar recursos del Estado para financiar periódicos que apoyaron su segunda reelección, aunque esta última condena fue anulada posteriormente por falta de pruebas concluyentes.
Indultado y reenjuiciado
La fecha prevista para su salida de la cárcel era 2032 pero en 2017, a pocas horas de la Navidad, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le indultó por cuestiones de salud, un indulto humanitario, lo que provocó que familiares de las víctimas apelaran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que anulara el indulto. Este organismo dejó la decisión en la Corte Suprema peruana. Fujimori fue sometido entonces a un nuevo juicio en el que, además, se le acusó de ser responsable del asesinato de otros seis campesinos que habían sido torturados y quemados. Se le volvió a condenar a 25 años de cárcel. Pero en diciembre de 2023 el Tribunal Constitucional del país andino volvía a indultarle debido nuevamente a cuestiones de salud. Hipertensión, frecuencia cardiaca irregular y riesgo de cáncer de lengua eran las dolencias. Nueve meses después la muerte le encontró en su cama, en la casa de su hija Keiko Fujimori, que con tremenda desfachatez había anunciado que su papá sería candidato presidencial en 2026.
Lo cierto es que, a pesar de las prebendas que recibió en la cárcel y los indultos, Alberto Fujimori no ha gozado de paz y tranquilidad en sus últimos años, como le ha sucedido también a otros dictadores de muy diverso cuño, véase el caso de Pinochet o Videla. En ocasiones, la Justicia llega.
Causas pendientes
No obstante Fujimori deja el mundo de los vivos con causas pendientes de las que ya no podrá responder relacionadas con la venta de armas a las FARC y más crímenes de lesa humanidad como ejecuciones extrajudiciales en diversos momentos.
Su hija Keiko Fujimori, en un mensaje en X, ha anunciado su fallecimiento con un mensaje en el que afirma que “acaba de partir al encuentro del Señor”. Una constante en esta calaña de personajes, apelar a lo divino. No podremos contarlo porque nunca nadie ha regresado del que llaman el último viaje para contarnos qué pasa cuando se deja de respirar. Pero no hay duda de que en caso de que sea cierto eso del juicio al que hay que someterse al llegar al cielo de los que creen, Fujimori no saldrá muy bien parado. Mientras tanto hoy, aunque en Perú se hayan decretado oficialmente 3 días de luto nacional, es un día de fiesta. Un criminal menos sobre la faz de la tierra siempre es motivo de celebración.
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Tamara Morales Orozco 
Cristhian Alvarenga 