Este lunes, la Asamblea Legislativa de El Salvador, liderada por el partido Nuevas Ideas, aprobó la Ley General de Minería Metálica, una propuesta enviada por el gobierno del reelecto presidente Nayib Bukele. La nueva legislación deroga la Ley de Prohibición de la Minería Metálica que había sido promulgada en 2017 tras años de lucha por parte de organizaciones ambientalistas y de base de El Salvador.
La aprobación se dio en menos de dos horas durante la sesión plenaria, mientras que el análisis previo en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión tomó alrededor de dos horas y media.
Según el Artículo 6 de la nueva ley, el Estado salvadoreño será el único autorizado para realizar actividades de minería metálica, aunque podrá delegar estas funciones a través de sociedades mixtas o con participación estatal. Dichas sociedades deberán cumplir con las normativas establecidas por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que actuará como la autoridad competente en el sector.
Organizaciones aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica y el Foro del Agua han señalado que este modelo es similar al implementado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para crear la empresa Constructora El Salvador, cuestionada por la falta de transparencia en el manejo de sus recursos.
La diputada oficialista Elisa Rosales defendió la ley argumentando que con esta normativa, el Estado tendrá un rol protagónico en la minería. Por otro lado, la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, calificó la aprobación como una «vergüenza», señalando que la normativa otorga mayor poder al gobierno sin priorizar la salud de la población.
Entre las disposiciones más controvertidas, se encuentra la eliminación de la necesidad de obtener concesiones por parte de la Asamblea Legislativa para llevar a cabo actividades mineras, lo que podría contravenir el artículo 120 de la Constitución, que exige dicha aprobación para la explotación de bienes de uso público.
Diputados de oposición y diversas organizaciones sociales han alertado sobre los posibles impactos negativos de la minería metálica. El diputado Francisco Lira, de ARENA, expresó que la nueva ley beneficiará únicamente a unos pocos, mientras que millones de salvadoreños podrían verse afectados. También destacó la reducción de recursos asignados para 2025 al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), encargados de mitigar los daños ambientales.
La diputada Marcela Villatoro criticó la premura en la aprobación de la ley justo antes de las fiestas navideñas y denunció que la bancada oficialista ignoró las solicitudes ciudadanas para detener el proyecto.
Organizaciones ambientalistas y la Iglesia Católica también han señalado los riesgos para la salud y el medio ambiente, como la contaminación del agua por el uso de químicos tóxicos en los procesos de extracción. “Estamos ante una situación de vida o muerte. No se trata de política partidista, sino de proteger la vida y la salud de las personas”, advirtió el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.
La Ley General de Minería Metálica establece regulaciones sobre el reconocimiento, exploración, explotación y comercialización de recursos minerales, pero ha sido criticada por la falta de garantías para prevenir los impactos negativos en las comunidades y el ecosistema.
La aprobación de la Ley General de Minería Metálica sin un debate amplio y transparente, ha sido señalada como otro indicio del creciente autoritarismo en El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele. Organizaciones de derechos humanos y analistas políticos han denunciado que el gobierno central ha consolidado un control casi absoluto sobre las instituciones del Estado, incluyendo la Asamblea Legislativa y el sistema judicial.
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Tamara Morales Orozco 