La semana pasada se alzaron las voces contra la pobreza, la violencia, la persecución de personas migrantes pese a que son sujetas de derechos y de personas defensoras de derechos humanos.
Al menos en El Salvador, la Iglesia Católica publicó una carta pastoral que denominó “Una voz que con esperanza clama en el desierto”, mediante la cual solicita al gobierno de ese país no colaborar en la lucha contra las personas migrantes ni promocionar al país como una gran cárcel internacional. Asimismo, demanda no perseguir a defensores de derechos humanos por ejercer su función.
Además, la Conferencia Episcopal (CEDES) de El Salvador consideró que, si hay presos sin más motivo que la defensa de sus derechos humanos, sus casos deben ser estudiados y de inmediato puestos en libertad. La CEDES no solo exige la atención urgente de los temas más críticos, plantea una transformación radical basada en la justicia social, la unidad y el respeto a la dignidad humana.
Si bien los Obispos reconocen como logros del gobierno la disminución de la violencia social, reparación de escuelas y construcción de hospitales, ratifican la migración como derecho humano, rechazan que el país sea “promocionado” como una cárcel internacional y señalan que la paz no se logra con medidas represivas.
La Conferencia Episcopal de El Salvador ha asumido una postura seria. Dice que “los migrantes no son delincuentes ni criminales, sino personas que buscan mejores oportunidades de vida; y demanda a las autoridades no promover las cárceles para las víctimas de políticas anti migrantes” de lo que llaman potencias extranjeras, léase Estados Unidos. Incluso, reclaman una política a favor de las personas migrantes y plantean que no les gustaría que sus compatriotas fueran encarcelados en otros países.
Recordemos que el gran logro de Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, en su visita por la región a inicios de este año, fue la firma de un acuerdo con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para recibir a los indocumentados y deportados, frenar la migración indocumentada y el combate al tráfico de drogas.
Para abril de 2025 había 252 venezolanos recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), deportados por Donald Trump, quien les acusa de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua sin evidencia alguna. Esto ha generado polémica a lo interno de Estados Unidos, ante reclamos de congresistas demócratas por la reclusión de personas que no han sido llevadas ante un juez.
Tampoco hay que olvidar la detención de Ruth Eleonora López, abogada y defensora de derechos humanos de la asociación Cristosal. En la carta pastoral referida se exige “que no se persiga a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de ejercer esta función”. Muy contundente. Debería convertirse en lema del momento.
No está demás decir que la Conferencia Episcopal también demanda revisar los casos de quienes guardan prisión “para lograr que los que son inocentes salgan de ahí lo más pronto posible”, aseveran.
Asimismo, exigen la derogación de la ley de minería aprobada a fines de 2024. “Es imperativo escuchar las voces de los ambientalistas y evitar su persecución”, afirman, advirtiendo el daño irreversible que la explotación irresponsable de los recursos naturales podría causar. Presentaron una carta con 150 mil firmas para entregarla a la Asamblea en su demanda de derogación de dicha ley.
¿Cuándo líderes políticos y partidarios trabajan por el bien común, por encima de intereses particulares?
¡Faltan otras voces! Muchas voces de quienes dicen profesar amor a sus prójimos. Hay que alzar las voces en demanda de justicia.
Daniel Rodríguez Moya 
Tamara Morales Orozco 