La memoria contra la impunidad se dio cita en un espacio virtual que trascendió fronteras, donde más de 150 personas se congregaron para la presentación del informe Persecución política por motivo de género en Nicaragua: Ni silencio ni olvido. Este documento, que no es solo un registro técnico sino una herida narrada con dignidad, es el resultado del trabajo del Consorcio sobre Género en Nicaragua, integrado por el Centro Guernica para la Justicia Internacional, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y un grupo de activistas independientes.
El evento se transformó en un acto de sanación colectiva y de exigencia de justicia internacional, dejando claro que en Nicaragua el género ha sido utilizado como un arma de guerra para intentar quebrar a quienes desafían el poder absoluto.
La investigación, liderada por un equipo interdisciplinario integrado por Diana A. Silva, Gema Gutiérrez de Guernica, María Martín de IM-Defensoras, analizaron un continuum de violencia que tiene su punto de quiebre en 1998, cuando el movimiento feminista respaldó la denuncia de Zoilamérica Narváez contra Daniel Ortega por violencia sexual. Desde entonces, se gestó una política de Estado que identifica a las mujeres autónomas como enemigas. Como explicó la investigadora Silva, este trabajo marcó un antes y un después personal, pues implicó una escucha activa que confrontó al equipo con el dolor y la rabia, pero sobre todo con la inmensa fuerza de las sobrevivientes.
El estudio documenta 120 testimonios que incluyen 42 casos de tortura y tratos degradantes, 52 detenciones arbitrarias y 61 casos de exilio forzado.
La jurista Gutiérrez subrayó que el informe establece las bases legales para afirmar que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad por razones de género. «No se trata de hechos aislados, sino de una intencionalidad y direccionalidad específica contra el movimiento feminista, utilizando prácticas como el aislamiento prolongado —aplicado de forma más severa a las mujeres— y una generización intencionada contra personas de la diversidad sexual», señaló. En este sentido, la experta legal Lisa Davis, asesora especial sobre género y otros delitos discriminatorios en la Corte Penal Internacional, explicó que aunque el derecho suele ser «ciego» al género, este informe permite exponer la arquitectura de la discriminación. Enfatizó que si no entendemos que el odio de género es el motor de la tortura, solo estamos escuchando la mitad del relato.
A la vez, detalló que identificar las agresiones del régimen como persecución por motivos de género es fundamental para reconocer una discriminación sistémica que busca imponer un modelo de feminidad dócil y sumisa. Dicha clasificación permite visibilizar la extensión del problema en todas sus facetas —desde la penalización absoluta del aborto hasta la tortura psicológica y el exilio forzado—, lo que fortalece la estrategia legal de rendición de cuentas al exponer la arquitectura del odio y el motor real tras los crímenes. Al superar la ceguera tradicional del derecho que suele omitir el género como motor de la tortura, se revela una dimensión política diseñada para enviar un mensaje de subordinación que desaliente la participación pública de todas las mujeres, logrando finalmente desafiar la narrativa oficial del Estado al validar y confirmar las vivencias de las activistas frente a los intentos deliberados de deshumanizarlas
Uno de los momentos más conmovedores del evento fue el testimonio de la feminista Tamara Dávila, quien relató cómo el régimen utilizó la maternidad como mecanismo de tortura psicológica durante su encarcelamiento. Dávila describió cómo sus interrogadores la recriminaban por estar en las calles luchando en lugar de estar con su hija, un castigo moral que nunca se aplicó a sus compañeros. “Se nos castiga a través de lo que más amamos para intentar doblegar nuestra voluntad”, afirmó, denunciando que el Estado buscó deshumanizarlas llamándolas vagas o malas madres para anular su identidad política. Esta violencia se extiende a la muerte civil que sufren las desterradas y privadas de su nacionalidad, quienes, al ser borradas de los registros, pierden incluso la capacidad de acreditar su vínculo con sus hijos e hijas.
Dávila concluyó su intervención afirmando que el informe preserva la memoria y asegura que «nuestra voz colectiva siempre va a ser más fuerte».
Para María Martín, de IM-Defensoras, la investigación es una herramienta de protección integral feminista que busca sanar los impactos individuales y colectivos. Afirmó con orgullo que “si las mujeres no escribimos nuestra historia, nadie lo hará”, resaltando que el proceso de justicia comienza con el acto de nombrar y reconocer las injusticias. Resaltó que el proceso investigativo, evitó ser un ejercicio extractivo de información, buscando en cambio fortalecer las narrativas colectivas y la sanación. Esta visión fue respaldada por Carolina Jiménez de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés),un centro de estudios y promoción de los derechos humanos en América que trabaja con defensores de derechos humanos, entre otros sectores, quien celebró que hay que ponerle rostro y contexto a los crímenes de lesa humanidad con perspectiva de género, advirtiendo sobre la naturaleza transideológica de los autoritarismos actuales.
Por su parte, la ex fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz y actual directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, calificó el informe como una pieza indispensable para el futuro de Nicaragua, asegurando que, cuando llegue el cambio, no habrá un borrón y cuenta nueva porque la verdad está siendo documentada. «Este informe es valiosísimo porque nos ayuda a reforzar las alianzas con países que tienen estos compromisos de una agenda feminista para que sus voces se escuchen con más fuerza. Retomando esta otra mirada, por ejemplo en la Asamblea General de Naciones Unidas, creo que complementa, hicimos los mayores esfuerzos desde la CIDH, el GIEI, también la Oficina del Alto Comisionado, los informes que ha hecho el GHREN, pero nunca logramos dar esta perspectiva, esta profundidad y visibilizar que la persecución era una persecución de género, que se les perseguía por ser mujeres, por ser feministas, las primeras que alzaron la voz contra el régimen y porque como ya se había dicho, eran una piedra en el zapato, una voz de la conciencia de cómo se iba consolidando un régimen dictatorial muchísimo antes de abril de 2018».
Asimismo, expuso que el informe abona a cerrar heridas, Nicaragua tiene que tener un mañana diferente. «No podemos dejar de ver que en Nicaragua va a haber un mañana diferente y no vamos a empezar de cero, no vamos a decir borrón y cuenta nueva, porque los ataques, las violaciones de derechos humanos hacia las mujeres, las organizaciones feministas vienen de mucho antes y son porque han sido para silenciar sus voces. Este informe es una herramienta, un instrumento para que cuando llegue ese día que está cerca y que todas estamos esperando, podamos reclamar la justicia que le corresponde a las mujeres y al movimiento feminista y que se reconozca no solo para garantizar al acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, sino para que la mirada feminista sea fundamental en qué Nicaragua se quiere construir».
Finalmente, la activista salvadoreña Morena Herrera se unió a lo dicho por Paz y Paz con relación a la esperanza. Afirmó que el movimiento feminista nicaragüense es un referente de resistencia en la región. «Como estaba planteando Claudia, no habrá un borrón y cuenta nueva, no olvido, no silencio y eso es muy importante… Esto es un ejemplo también de lo que se puede hacer, pero también es un aporte a los movimientos que defienden derechos humanos por el carácter jurídico y político que tiene el informe… Pone en evidencia que es necesario agudizar las miradas, apuntar de manera más directa y construir nuevos enfoques para que puedan tener, otras repercusiones».
A pesar de las más de 400 personas despojadas de su nacionalidad y de las mujeres que aún permanecen detenidas por el régimen, el informe concluye que la persecución no ha logrado destruir la capacidad de articulación de las feministas y las defensoras. Como expresó Dávila, la voz colectiva de las mujeres es el motor que mantiene viva la esperanza de una Nicaragua libre, donde el silencio y el olvido no vuelvan a ser el lenguaje del poder
Foto: Tomada de internet
Patricia Orozco 
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