La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado 5 de agosto la llamada Ley de Territorio Fronterizo, que establece el control estatal sobre una franja de 15 kilómetros desde los límites convencionales con Honduras y Costa Rica. Según el texto oficial, la medida busca garantizar la soberanía, integridad territorial y seguridad nacional, reforzando la presencia del Ejército en esa zona estratégica para prevenir delitos como narcotráfico, trata de personas y lavado de activos.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil denuncian que la norma implica la confiscación de propiedades, viviendas, fincas y territorios indígenas ubicados dentro de esa franja, que abarca 27 municipios —equivalentes a más de 18.500 kilómetros cuadrados—.
La defensora de derechos humanos Haydeé Castillo señala en Agenda Propia Nicaragua que esta legislación “representa una confiscación de facto”, que despoja a campesinos, comunidades indígenas y pequeños productores de tierras heredadas por generaciones.
Castillo recuerda que una normativa similar había sido emitida en 2010, pero entonces los dueños de propiedades podían mantener la titularidad, aunque bajo vigilancia militar. Enfatiza que en esta ocasión el cambio es radical: “toda persona que tenga tierras en esos 15 kilómetros dejó de ser dueña, con todas las inversiones que ahí existen, desde proyectos turísticos hasta cultivos de café y maíz”.
Para la defensora, estas acciones estatales generan incertidumbre económica, paralización de créditos agrícolas y un fuerte impacto en la inversión nacional y extranjera.
Los negocios y concesiones mineras estatales.
Por otra parte, diversos sectores consideran que, detrás de la ley, está el interés del régimen Ortega-Murillo quienes están buscando ampliar negocios vinculados a concesiones mineras y otros proyectos extractivos, muchos de ellos en territorios indígenas.
Ante esta posibilidad Castillo advierte que la norma responde tanto al afán de enriquecimiento ilícito de la cúpula gobernante como al temor de nuevos levantamientos sociales en las zonas fronterizas. “Estamos ante una medida dictatorial que desconoce derechos históricos de comunidades enteras”, afirma, anticipando que la resistencia campesina e indígena podría volver a manifestarse en las calles.
Tamara Morales Orozco 