Un informe reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, revela un panorama alarmante de violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril de 2018. El documento, que abarca hasta febrero de 2025, detalla una estrategia represiva diseñada para silenciar cualquier forma de disidencia y consolidar el control absoluto del ejecutivo sobre todas las instituciones del Estado y la población.
Cuatro fases de represión
El informe identifica cuatro fases principales de represión:
1. 2018-2020: Represión violenta de protestas legítimas, con ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y leyes que garantizan la impunidad de los perpetradores.
2. 2021: Intensificación de la represión selectiva, con detenciones arbitrarias y juicios injustos para asegurar la reelección de Ortega.
3. 2022: Eliminación de la oposición política antes de las elecciones municipales, incluyendo ataques a la Iglesia Católica y cierre de medios de comunicación independientes.
4. 2023-presente: Medidas para eliminar toda crítica, incluyendo expulsiones masivas, privación arbitraria de la nacionalidad y confiscación de bienes.
Estructura del aparato represivo
El Grupo de Expertos ha identificado una estructura represiva altamente organizada, controlada directamente por Ortega y Murillo. Esta estructura incluye:
• Policía Nacional y Ejército Nacional: Participación activa en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas.
• Grupos armados progubernamentales: Coordinación con fuerzas estatales para cometer violaciones de derechos humanos.
• Sistema judicial: Cómplice en la fabricación de pruebas, juicios injustos y negación de recursos legales a los detenidos.
• Red de vigilancia e inteligencia: Monitoreo constante de la población, incluyendo interceptación de comunicaciones y acoso a opositores.
Principales patrones de violaciones
El informe documenta varios patrones de violaciones, entre ellos:
• Ejecuciones extrajudiciales: Durante las protestas de 2018, la policía y grupos armados progubernamentales hicieron uso letal de la fuerza, resultando en cientos de muertes.
• Detenciones arbitrarias y juicios injustos: Más de 193 personas fueron detenidas arbitrariamente durante el período cubierto por el informe, muchas de ellas sometidas a juicios sin garantías procesales.
• Tortura y malos tratos: Los detenidos fueron sometidos a actos de tortura física y psicológica, incluyendo violencia sexual y aislamiento prolongado.
• Expulsiones y privación de nacionalidad: Cientos de nicaragüenses fueron expulsados del país o privados de su nacionalidad, dejándolos en situación de apátridas.
• Confiscación de bienes: El gobierno ha confiscado propiedades, cuentas bancarias y pensiones de opositores y sus familias, como parte de una estrategia para castigar la disidencia.
Crímenes de lesa humanidad
El Grupo de Expertos concluye que estas violaciones constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad, incluyendo persecución por motivos políticos, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento, tortura y deportación. El informe señala que estas violaciones se han cometido como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, con el objetivo de silenciar cualquier forma de oposición.
Responsabilidades y recomendaciones
El informe responsabiliza al Estado de Nicaragua por estas violaciones y llama a la comunidad internacional a tomar medidas contundentes. Entre las recomendaciones destacan:
• Reforzar el apoyo a la sociedad civil nicaragüense, incluyendo asistencia financiera y técnica a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes.
• Hacer que el Estado de Nicaragua rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de obligaciones internacionales, especialmente en virtud de la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.
• Ampliar las sanciones contra las personas, instituciones y entidades identificadas en el informe.
• Proteger a los nicaragüenses privados de nacionalidad, facilitando procesos de asilo y regularización administrativa.
Conclusión
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua pinta un cuadro desolador de un país sumido en una crisis de derechos humanos sin precedentes. La comunidad internacional enfrenta el desafío urgente de actuar con firmeza para detener la represión y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus crímenes.
Aquí podés consultar el informe íntegro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua,
María Gómez Mejía 