El pasado sábado 29 de noviembre, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el cambio de régimen carcelario para más de 35 personas que habían sido detenidas o desaparecidas por motivos políticos, pasando de las prisiones a la modalidad de «casa por cárcel» o «departamento por cárcel». Personas como Evelyn Guillén, Evelyn Matus, Carmen Sainz y Lesbia Poveda, entre otras más, se han reencontrado con sus familiares. Aunque esta medida ha impactado a mucha gente en Nicaragua, el abogado Juan Diego Barberena de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) subraya que lo que se difunde como liberación es solo un cambio carcelario.
Triunfo familiar, castigo extendido
La decisión del régimen se interpreta en parte como un triunfo de las familias de las personas presas políticas y de los organismos de derechos humanos que han elevado la situación a nivel internacional, siendo correlativamente una derrota para la dictadura Ortega-Murillo. Uno de los elementos positivos es que las personas ya no se encuentran en las «mazmorras de la dictadura» o «ergástulas de la dictadura Ortega-Murillo», y sus familias pueden saber su paradero, como en el caso de Alejandro Hurtado, quien estaba en situación de desaparición forzada.
Sin embargo, la medida es altamente negativa, ya que estas personas no deberían estar bajo ningún sistema carcelario por haber sufrido detención arbitraria por motivos políticos y por violaciones a sus derechos fundamentales. Además, esta «liberación» impone restricciones severas, señala el abogado Barberena.
Las personas están sometidas a una vigilancia policial permanente y sus familias son amenazadas. Enfrentan restricciones, como la imposibilidad de ejercer su libertad ambulatoria, ya que están en «casa por cárcel o en departamento por cárcel». Las personas bajo este régimen quedan desconectadas de la realidad, sin acceso a internet, televisión o libros; incluso la policía puede estar dentro de su casa, y sus familiares no pueden entrar con dispositivos electrónicos.
El abogado Barberena enfatiza que esta es «una extensión de la sanción arbitraria, obviamente despótica, hacia la familia que viola un principio muy básico del derecho penal que… establece el carácter personalísimo de la pena». Este efecto colateral no es legítimo, ni legal, ni lícito, ni constitucional, ni convencional, violando la Convención Americana de Derechos Humanos.
La nula base legal de la medida arbitraria
Desde el punto de vista jurídico, el cambio de régimen carcelario se caracteriza por la total discrecionalidad e ilegalidad. Al ser consultado sobre el mecanismo legal utilizado, Barberena fue categórico: «no es ninguna figura legal». No hubo cambio de medida cautelar (que requiere autorización judicial), ni solicitud de la defensa técnica, sino que se trata de una acción de la dictadura «realizada con absoluta discrecionalidad».
El experto indica que esta decisión proviene directamente de Rosario Murillo, quien «domina el sistema judicial de Nicaragua, decide dar la orden ni siquiera a la autoridad judicial, sino en este caso a los sistemas penitenciarios». Estos procesos están desprovistos de las garantías básicas del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa y el acceso al expediente judicial. La mayoría de estas personas no han sido condenadas con sentencia firme, por lo que se encuentran en un «limbo jurídico» donde la duración de la medida no está clara y existe el riesgo de que sean regresados a prisión, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
La medida es catalogada como «ilegal, es ilícito, es inconstitucional e inconvencional», ya que viola el principio de legalidad. Para los abogados defensores, la tarea se complica, ya que a los acusados no se les permite ejercer la defensa material o el diálogo. Además, la reforma constitucional de febrero de ese año eliminó los supuestos que garantizaban el derecho a la libertad ambulatoria, haciendo que el recurso de Hábeas Corpus sea infuncional en la práctica.
La estrategia política: mensajes y fichas de negociación
Políticamente, el régimen de Ortega Murillo no está realizando una negociación, sino enviando «mensajes que manda la dictadura Ortega-Murillo a los Estados Unidos» para mostrar «una apertura a negociar y hacer concesiones». Esta «excarcelación a cuentagotas» es parte de una «estrategia de puerta giratoria» que busca «tener presos para negociar». La acción ocurre ante un panorama complejo que incluye la crisis de la sucesión, la crisis económica debido a posibles medidas alrededor del CAFTA y la imposición de aranceles, y la compleja situación político-militar en el Caribe venezolano.
El régimen podría estar preparándose ante la alta probabilidad de que el régimen de Maduro «no se vaya a sostener en el poder». Adicionalmente, el panorama regional se ha complicado, ya que uno de los pocos países que defendía a la tiranía Ortega-Murillo era Cuba, y los resultados electorales en Honduras sugieren un giro.
Urgencia de la oposición
La oposición en Nicaragua, incluida la Unidad Nacional Azul y Blanco, según Barberena, debe trazar una estrategia urgente y clara, exigiendo la libertad «sin exclusión y la libertad incondicional» de todas las personas presas políticas, así como la «libertad absoluta sin ninguna sin ninguna restricción». El abogado sostiene que es necesario optimizar y capitalizar el complejo escenario geopolítico, económico y de sucesión; lo que se logra con el acercamiento, el diálogo y una respuesta «más coaligada» que evite el juego de «desempolvando viejas opciones partidarias».
La estrategia debe enfocarse en trazar una propuesta política programática fundamental sobre cómo lograr la transición democrática, generar mensajes clave que incentiven la disidencia interna dentro de la dictadura, y «reesperanzar a la gente».
El experto advierte que la oposición «está atrasada» y que «sí se requiere una acción urgente». La meta fundamental es identificar cómo llegar al «momento de disputa del poder político, que es el momento neurálgico» en la lucha contra la dictadura Ortega-Murillo. El apoyo jurídico dentro del país es complicado debido a la persecución de abogados, por lo que la sociedad civil y las organizaciones están facilitando el apoyo para llevar casos ante instancias internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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