La necesidad de “despertar la conciencia crítica y alzar la voz” frente a las atrocidades en Nicaragua provocó un llenazo absoluto en La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, en España, durante la inauguración del Seminario de Estudios Latinoamericanos. La convocatoria superó todas las expectativas, con la sala, con una capacidad de un centenar de personas, completamente abarrotada y más de una treintena que se quedaron sin poder acceder.
El evento, titulado «¿Qué pasa en Nicaragua? Dictadura, Derechos Humanos y Resistencia,» reunió a las nicaragüenses Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, en diálogo con el catedrático Jesús López Mejías.
La institucionalización de la dictadura y la crisis más actual
La discusión se centró en la información más actualizada, destacando que Nicaragua vive una dictadura que ha adoptado un cuerpo institucional. Dora María Téllez, ex comandante guerrillera y ex ministra de salud, describió el régimen como una «dictadura del siglo XIX» caracterizada por la concentración absoluta de poder.
En este sentido, la información más reciente y alarmante radica en las reformas constitucionales aprobadas en febrero de 2024 por la familia Ortega-Murillo, que ostenta el control del poder en el país. Esta nueva normativa implica cambios profundos en la estructura de poder, que Téllez definió señalando medidas adoptadas por el régimen como el establecimiento de la copresidencia para Rosario Murillo, garantizando así una sucesión dinástica que, señaló, proyecta a Laureano Ortega Murillo como sucesor. Del mismo modo la exguerrillera explicó que se ha extendido el periodo presidencial a seis años, se ha eliminado la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, creado la figura de la “policía voluntaria,” que funciona como una fuerza paramilitar leal al régimen y, además, esta reforma eliminó de la Constitución la prohibición expresa de la tortura.
Estas medidas aseguran que «no hay una sola institución en Nicaragua que constitucionalmente no esté subordinada a Daniel Ortega y Rosario Murillo». Sumado a ello, en el plano judicial internacional, se ha destacado la orden de captura emitida a nivel internacional por el juez argentino Ariel Lijo contra Daniel Ortega y Rosario Murillo por diversas violaciones a los derechos humanos. El Congreso nicaragüense, en respuesta, reformó el código penal para imponer penas de hasta 30 años de prisión por promover sanciones internacionales.
Un Estado de terror y exilio masivo
Ana Margarita Vijil, abogada y activista que como Dora María Téllez pasó 606 días en confinamiento solitario, enfatizó que el régimen ha sido señalado por Naciones Unidas como responsable de violaciones sistemáticas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
La dictadura opera bajo un estado de terror en el que nueve de cada diez nicaragüenses se siente perseguido y vigilado. El temor es tal que la actividad religiosa ha sido reprimida, incluso eventos como la procesión de San Jerónimo en Masaya han sido prohibidos, pues el régimen teme que la organización popular alrededor de las iglesias se convierta en una amenaza.
La represión migratoria es otro de los costos más dramáticos. Así, Vijil explicó que entre 2018 y 2023, el 12% de la población ha tenido que salir del país por razones políticas, la peor crisis migratoria del país, superando incluso la guerra de los años 80. Del mismo modo, indicó, que sólo en los primeros cinco meses de 2025, se ha negado la entrada a 3,000 nicaragüenses que intentaban regresar al país, quedándose “en el aire”. No pasó por alto otro dato significativo, y es que el régimen ha desnacionalizado a 452 personas, y a los miles de exiliados restantes, les niega la renovación de pasaportes, impidiendo trámites de asilo.
En cuanto a la situación de los activistas, las ponentes señalaron que el régimen utiliza un mecanismo de «puerta giratoria». En la última ola de detenciones (agosto), se documentó la violencia extrema que resultó en la muerte de dos personas en custodia policial: Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas. Actualmente, se tiene constancia de 73 presos políticos con nombre y apellido, aunque la cifra real podría ser mucho mayor.
Además, el aislamiento del régimen a nivel externo es total. En los primeros cinco meses de 2025, Nicaragua se ha desvinculado de al menos siete organismos del sistema de Naciones Unidas, incluyendo la OIT, la UNESCO y el Consejo de Derechos Humanos.
Resistencia y la alerta regional
Las activistas, quienes fueron exiliadas a Estados Unidos tras ser desterradas en febrero de 2023, destacaron el papel de la presión internacional. Ana Margarita Vijil recordó que su liberación y la de sus compañeros fue posible gracias a la presión nacional e internacional, y a gestos de solidaridad, como el del gobierno de España al ofrecerles la nacionalidad.
Finalizando la jornada, Dora María Téllez emitió una alerta que trasciende las fronteras nicaragüenses: los autoritarismos en América Latina, como los observados en El Salvador (Bukele) o Ecuador (Noboa), están forzando los límites y apropiándose del poder progresivamente. Instó a la audiencia a «cuidarnos de nuestras propias vocaciones que estimulan los autoritarismos».
Vijil concluyó con un llamamiento: «Nosotros sabemos que recuperar la democracia en Nicaragua pasa por nosotros los nicaragüenses… pero necesitamos de su ayuda». Solicitó que la voz de los presentes ayude a visibilizar el tema, a presionar por la libertad de los presos políticos y por el retorno seguro de los exiliados, con miras a unas elecciones libres, justas y transparentes.
Tamara Morales Orozco