Este 4 de noviembre en Agenda Propia Nicaragua se abordó la nueva «barrida» en el poder judicial de Nicaragua, un proceso que ha convertido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una instancia «avasallada y sometida al Ejecutivo» al servicio de la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Juan Diego Barberena, abogado e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, analizó la situación, señalando que las causas y finalidades de esta intervención son «eminentemente políticas».
Motivación: Sucesión dinástica y lealtad
Barberena explicó que esta reciente purga es el «colofón» o la conclusión de una estrategia que comenzó con la intervención policial y política de octubre de 2023. El objetivo primordial es el establecimiento de condiciones fácticas para allanar el camino a «la sucesión dinástica» de Rosario Murillo.
La necesidad de esta «labor constante de relevo, de renovación de sus figuras y fichas claves» se debe a la búsqueda de lealtad absoluta por parte del régimen. El abogado enfatizó que los regímenes totalitarios necesitan garantizar que la estructura de la dictadura esté totalmente renovada a favor de Murillo, ya que el momento de mayor fragilidad será «cuando Daniel Ortega falte».
El argumento oficial sobre la corrupción para justificar los despidos es desestimado por Barberena, quien afirma que el tema es, fundamentalmente, «un tema de lealtades políticas». «La justificación que nosotros podemos entender o la explicación política de todo esto es la necesidad imperemne de que hayan personas más leales en los distintos cargos».
Además, señala que jueces y magistrados leales que previamente condenaron a personas presas políticas (como Ernesto Rodríguez y Octavio Rothschuh) fueron purgados porque se volvieron «descartables» y ya no generaban suficiente certeza y seguridad a Rosario Murillo.
El colapso funcional del sistema judicial
La intervención política ha provocado el colapso operativo del principal órgano jurisdiccional del Estado. Barberena afirma categóricamente que hoy «no hay en Nicaragua hoy un sistema judicial como se concibe jurídica doctrinalmente hablando».
El sistema de justicia no existe jurídicamente como tal en Nicaragua, ya que es incapaz de ejercer sus dos funciones principales: la primera es el control de constitucionalidad (la capacidad de determinar la exequibilidad o inexequibilidad de las leyes). Esta función hoy no existe, pues es «imposible» que se pueda constituir la Corte Plena.
La segunda gran función es la atribución unificadora e interpretadora del derecho por medio de la casación. La Sala Penal, por ejemplo, no tiene capacidad de constituir sala debido a la insuficiencia de magistrados para dictar un auto que admita a trámite un recurso de casación. Esta parálisis afecta el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos comunes, ha explicado juan Diego.
Los casos con connotación política no caminan en Nicaragua, incluso desde los juzgados de primera instancia (local o de distrito), sean estos penales, civiles o laborales. Existe una retardación de justicia desde el momento en que se interpone una demanda o acusación. En los asuntos donde no hay mayor interés político, como un conflicto de propiedad, si bien hay una retardación para que el juez dicte sentencia, el caso no se resolverá al llegar a casación. Esto es una medida política para bloquear aquellos casos con interés político, pero también «afecta al ciudadano común que va ante los tribunales de justicia» buscando la resolución de sus conflictos.
Motivación: Sucesión dinástica y lealtad
Para el abogado Barberena, el régimen no utiliza justificaciones válidas para los despidos y destituciones. La explicación política es la «necesidad imperemne de que hayan personas más leales en los distintos cargos». Magistrados y jueces que fueron leales y condenaron a presos políticos, como Ernesto Rodríguez y Octavio Rothschuh, han sido purgados porque son «descartables» y ya no generan suficiente certeza y seguridad a Rosario Murillo.
Esta purga responde a una crisis en la sucesión dinástica. La labor constante de relevo y renovación de fichas claves es necesaria para los regímenes totalitarios, ya que Rosario Murillo necesita «desesperadamente garantizar su capacidad de suceder a Daniel Ortega». El momento de mayor fragilidad para ella será cuando Ortega falte, por lo que necesita tener «totalmente renovado toda la estructura de la dictadura misma» a su favor.
Asegura que aunque el Poder Judicial ha sido históricamente una «minita para la corrupción», este no es el tema central de las purgas, sino un «tema de lealtades políticas». «Si realmente al régimen le interesara la corrupción, hubiesen destituido a muchos jueces y magistrados hace mucho tiempo». La reforma constitucional sobre la Procuraduría General de Justicia y la exigencia de que los funcionarios respondan con sus bienes ante actos de corrupción es vista como «pura demagogia».
Consecuencias sociales y escenarios de Riesgo
El efecto principal a largo plazo de esta crisis es la «desconfianza» en la percepción pública, que se vuelve cultural. La gente desconfía tanto de la ley como de quienes la administran.
Esta desconfianza tiene una consecuencia «gravísima», ya que la sociedad se le «sale de las manos a la administración del Estado» y se pierde la capacidad de mediación, manifiesta el entrevistado. «Un ejemplo de esto fue el caso en la Costa Caribe donde familiares tomaron la justicia por su propia mano y mataron al conductor que atropelló a una niña. Esto es una manifestación de que la gente ya no tiene ninguna confianza en el ordenamiento jurídico ni en el sistema judicial creado por la dictadura», expresa.
Purga responde a una crisis en la sucesión dinástica.
La labor constante de relevo y renovación de fichas claves es necesaria para los regímenes totalitarios, ya que Rosario Murillo necesita «desesperadamente garantizar su capacidad de suceder a Daniel Ortega». El momento de mayor fragilidad para ella será cuando Ortega falte, por lo que necesita tener totalmente renovado toda la estructura de la dictadura misma a su favor.
Barberena ahonda en que el colapso funcional del sistema judicial genera dos riesgos principales: Por un lado, el estado militar policial en el que los derechos fundamentales dejan de tener vigencia, y la policía «se atribuye funciones judiciales sumarias» porque los juzgados no funcionan. «En este escenario de terror, el ordenamiento jurídico solo integra políticas de Estado, y la impunidad se convierte política de Estado.
Por otro lado, el escenario de la violencia, el escenario del caos: Ante la ausencia de ley y el uso indiscriminado y responsable de los indultos, que permiten que «salgan 100 delincuentes a la calle a cada rato, se corre el riesgo de que se establezcan bandas delincuenciales con dominios territoriales, masificando el caos y el terror».
Orígenes del deterioro
La pérdida de autonomía del Poder Judicial fue un proceso gradual. La consumación ocurrió a partir del 2007, cuando Daniel Ortega asumió el poder y centralizó gran parte del mismo.
El punto de partida del deterioro se remonta al pacto de 1999-2000, donde Daniel Ortega y Arnoldo Alemán se repartieron el Estado, creando bancadas de magistrados. A partir de ese momento, la independencia judicial sufrió un «serio deterioro», dice el letrado. Afirma que la ley de carrera judicial de 2005 no resolvió el problema porque era aplicada por magistrados de la CSJ que controlaban la judicatura en «guetos» asignados a distintas circunscripciones territoriales.
Otro momento que contribuyó a descomponer el Poder Judicial fue a partir de 1990. Tras la derrota electoral del Frente Sandinista, «antiguos cuadros militares, militantes, expolicías y exoficiales de seguridad del Estado se fueron a estudiar derecho e iniciaron un proceso de toma del Poder Judicial, primero en los juzgados de instancia locales, y luego lo trasladaron a los tribunales de apelación y a la Corte Suprema de Justicia», detalla.
El control absoluto de la CSJ también afecta a los notarios públicos. La Dirección General del Notariado ha retardado la autorización para que los notarios puedan cartular o ejercer el notariado. Un trámite que antes tardaba un mes o mes y medio, ahora tiene a notarios «un año esperando su autorización para cartular», lo que afecta la función pública notarial y «el derecho que tiene el notario a trabajar»
Respuesta de la sociedad civil
Ante los continuos asaltos, la sociedad civil debe denunciar que la «descomposición social derivada de la ilegitimidad del sistema judicial es responsabilidad de la dictadura» y, específicamente, de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Para el leguleyo, la refundación del sistema de justicia solo será posible con una transición a la democracia en Nicaragua. «Esto requiere una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana, que genere un nuevo orden jurídico político y restablezca el Poder Judicial». Añade que el futuro Poder Judicial debe tener mecanismos que garanticen su independencia. Los magistrados deben ser «imparciales» y tener suficiente capacidad y cultura jurídica. Aunque pueden ser politizados, «no deberían de ser era ser militantes de un partido político». Se debe buscar que respondan a la aplicación estricta de la ley para mantener vigente el Estado de derecho. Además, se requieren reformas para acercar los jueces a la gente, lo cual implica cambios en la arquitectura y estructura territorial de la judicatura.
Mientras tanto, la gente puede denunciar y documentar estas situaciones, como los recursos de casación que la Corte no ha resuelto en mucho tiempo.
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