En un comunicado de prensa, el pasado 27 de marzo, las organizaciones integrantes del Colectivo 46/2 – una coalición de 19 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses que informa periódicamente a la comunidad internacional la falta de acciones del régimen de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos-, han hecho un llamado a la comunidad internacional para que continúe y amplíe las acciones de fiscalización sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.
La solicitud surge ante la creciente política de aislamiento internacional por el Estado nicaragüense y su reciente decisión de no participar en el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo clave del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El EPU es un proceso de revisión entre Estados miembros de la ONU que evalúa compromisos en derechos humanos y formular recomendaciones. En la revisión del cuarto ciclo del EPU, Nicaragua recibió 279 recomendaciones de 88 países, con la participación de más de 20 organizaciones nacionales e internacionales que evidenciaron la crisis de derechos humanos en el país. No obstante, el Estado nicaragüense no remitió informe de respuesta, lo cual obstaculizó la adopción de resultados en el Consejo de Derechos Humanos.
Esta acción se enmarca en una estrategia de aislamiento y desatención de sus compromisos internacionales. El 27 de febrero, Nicaragua anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos tras la presentación del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Posterior a ello, comunicó su desvinculación de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
Ante la persistencia de la crisis de derechos humanos y la falta de rendición de cuentas del Estado de Nicaragua, el Colectivo 46/2 insta a los Estados miembros de la comunidad internacional a mantener un escrutinio constante sobre el país, respaldar a la sociedad civil y condicionar las relaciones comerciales y financieras al cumplimiento de los derechos humanos; a los organismos internacionales de derechos humanos, les llama a continuar documentando violaciones, con especial atención a niñez, mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como personas defensoras de derechos humanos y en situación de exilio; y a las redes de solidaridad regionales e internacionales a seguir promoviendo espacios de apoyo y protección para quienes enfrentan riesgos por la situación en Nicaragua.
Las organizaciones en un comunicado reafirman su compromiso con la denuncia y vigilancia de la situación de derechos humanos en el país centroamericano y agradecen el respaldo de la comunidad internacional en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas.
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