El día del orgullo LGBTI en Centroamérica estuvo marcado por la violencia, la discriminación, la migración forzada y la impunidad de los agresores. Pese a los tímidos pasos de los últimos años, en la actualidad existe un retroceso y la región sigue siendo una de las más hostiles para el colectivo.
«Son sociedades dominadas por el patriarcado, por la misoginia y por la heteronormatividad (régimen social que impone la heterosexualidad)», explicó a Efe el asesor regional sobre Derechos de las Mujeres y Cuestiones de Género de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Pedro Vera.
En Guatemala el legado nefasto del presidente Alejandro Giammattei sigue rondando la clase política pese a los intentos judiciales por impedir su realización y una orden de la Corte de Constitucionalidad exigía a la Policía Nacional Civil supervisar que todo se realizara bajo “buenas costumbres”.
Como se recordará, en 2023 Guatemala registró al menos 34 crímenes de odio, un 20% más que lo registrado en años anteriores, según el Observatorio por Muertes Violentas de Lambada.
La marcha de este año en Guatemala tomó mayor relevancia, desde que la Corte de Constitucionalidad intentara que las fuerzas de seguridad vigilaran el desfile para que no incluyera “actos inmorales”, como consecuencia de una denuncia planteada por el abogado Roberto Antonio Cano López.
“Los intentos por callarnos son inútiles hoy celebramos con más fuerza y demostramos en las calles que resistimos “, dijo a EFE el diputado Aldo Dávila, quien participó en la caminata.
La ola reaccionaria que busca recortar derechos se reacomoda desde el ejercicio del poder en El Salvador la marcha no solo fue una celebración de la identidad y la diversidad, también fue un acta protesta contra las políticas y acciones del gobierno que han afectado negativamente a la población LGBTQ. El Movimiento Ampliado LGBT+ de ese país, señaló los múltiples desafíos que enfrentan.
“El escenario al cual nos enfrentamos es complicado no solo para nosotres, sino también para todos los ámbitos de la movilización social. Como Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos cinco años”, declaró el Movimiento en un comunicado.
Entre los retrocesos mencionados están la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56 que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y la exclusión de la atención en salud pública y educación. Además, han sido archivadas propuestas legislativas clave, como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación.
El pasado mes, la obra de teatro “Inmoral”, que pudo presentarse en la Gran Sala del Teatro Nacional de El Salvador, fue cancelada por el Ministerio de Cultura, mismo que había aprobado antes dicha puesta en escena, generando una ola de críticas y preocupaciones de la censura y la libertad de expresión, por parte de la población LGBTQ, contra otra tendencia de comentarios en apoyo a la acción del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Días después, la situación se intensificó, cuando más de 300 personas empleadas del Ministerio de Cultura fueron despedidos por el gobierno argumentando que las mismas promovían “agendas incompatibles” con la visión oficial.
El impacto de la agenda regresiva es especialmente pronunciada en Centroamérica. La falta de protecciones legales genera un clima de impunidad para múltiples tipos de violencia que las personas LGBTIQ enfrentan en sus distintos entornos: desde el familiar y escolar hasta el laboral y en la vía pública.
En Honduras, la fecha no se celebra debido al asesinato de Vicky Hernández, trans hondureña, durante el Golpe de Estado del 2009. En su memoria, se conmemora el día como recordatorio de la lucha histórica por los derechos de la población LGBTIQ+.
Los crímenes de odio contra las personas LGBTIQ+ son alarmantes. Según el Observatorio de Muertes de Personas LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas, desde el golpe de Estado en 2009 hasta el 2023 se han registrado 466 asesinatos, figurando como víctimas gays, personas trans y lesbianas.
En Nicaragua, las agresiones contra la comunidad LGBTI son una realidad permanente que no se circunscribe a la rebelión de abril; según el Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGBTIQ, elaborado por el Programa Feminista ‘La Corriente’ en colaboración con diversos colectivos que defienden derechos -incluyendo los de los cuerpos disidentes-, del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2023, en el país se documentó 136 casos contra de la comunidad: 125 agresiones, cinco delitos de odio, cuatro suicidios y dos asesinatos.
Pero la violencia con mayor impacto fue durante la rebelión de abril de 2018, cuando el régimen utilizó toda su violencia para enfrentar la demanda ciudadana, también se valió de las diferentes orientaciones sexuales o de género, para agredir física y psicológicamente a integrantes de la comunidad diversa.
El Observatorio de violaciones a Derechos Humanos de personas LGTBIQ+ en Nicaragua del colectivo feminista La Corriente, reporte que entre enero y marzo de 2024 se registran tres delitos de odio, cinco agresiones y una desaparición de personas LGBT, crímenes que la mayoría de veces quedan en impunidad.
Nicaragua fue el único país de la región donde no está permitido realizar ninguna movilización reivindicativa ni religiosa. Es decir, no existen Derechos Humanos.
Además, miles de personas marcharon en Costa Rica manifestando su disconformidad luego que el presidente Rodrigo Chavez anulara la declaratoria de interés cultural de la actividad y destituyera a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz y al comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa Ortiz.
El documento lo habían promulgado, el 18 de junio, la exministra Guadamuz y el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle. Este último firmó en nombre del presidente Chaves porque el gobernante delegó su firma, al considerarlo funcionario de confianza.
Pese a la realidad hostil que sufre la comunidad diversa y a la falta de voluntad política para enmendarla, “hace falta trabajo y renovar los lazos de colaboración entre la comunidad LGBTIQ y otros sectores: la justicia no se mueve sin que la ciudadanía preste atención a casos como estos. Pero las personas LGBTIQ y su defensa de los derechos humanos han sido pioneros en movilizarse y generar mayor aceptación alrededor del mundo, abriendo brecha para la defensa de los derechos humanos en su conjunto. No hay razón por la que, incluso en un contexto difícil, no podamos hacer lo mismo en Centroamérica” reflexionó un activista nicaragüense bajo condición de anonimato.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 