El 8 de diciembre pasado, un niño y tres adolescentes salieron a jugar fútbol, pero nunca regresaron a sus casas. En casi todo el mes de su desaparición, familiares y amigos en diversas marchas en Guayaquil en Ecuador, demandaron al gobierno del presidente Daniel Noboa su aparición “sanos y salvos”. Sin embargo, la mayor indignación de la población ecuatoriana fue cuando en fin de año, la Fiscalía General del Estado anunció que habían sido encontrados los cadáveres de los cuatro menores de edad: Steven Medina de 11 años, Saúl Arboleda de 15, y los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, la nochebuena.
El Fiscal Christian Fárez, de la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza, solicitó al juez Dennis Ugalde el procesamiento de 16 militares por el delito de desaparición forzada, ya que los menores fueron encontrados cerca de una Base Aérea de Taura, a unos 40 km donde los detuvo una patrulla de soldados, en Las Malvinas, al sur de Guayaquil, de acuerdo a una publicación en su cuenta de X.
La Asamblea Nacional de Ecuador declaró tres días de luto, mientras que organismos de derechos humanos demandaron aclaración de los hechos, debido a las distintas versiones del caso al tanto que se les ha relacionado con delincuentes.
El ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo explicó a Radio City que «se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido», declaraciones que luego desmintió, atribuyendo responsabilidades a los militares.
Por su parte, Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) dijo a France 24 horas que e. El caso no se aplicaron los procedimientos correspondientes, «y se configuró una grave violación de derechos humanos”. El CDH ha señalado que responde a una práctica habitual de las Fuerzas Armadas: excederse más allá de lo que establece la ley y ese exceso se materializa en una grave violación de Derechos Humanos”, mantuvo.
CIDH condena asesinato de adolescentes afrodescendientes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un comunicado el 22 de enero de 2025 condenó la desaparición y posterior asesinato e incineración de los cuerpos de Steven Medina de 11 años y los adolescentes Josué Arroyo de 14 años , Saúl Arboleda e Ismael Arroyo de 15. «El Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar, fortaleciendo las acciones de investigación que ya han sido emprendidas”, ha señalado.
La CIDH además de dar conocer detalles de ocurrido, el 8 de diciembre de 2024, llamó al Estado ecuatoriano a redoblar sus esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de las familias y comunidades mediante la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de los hechos, incluyendo medidas para que no vuelvan a ocurrir casos similares.
A la vez indicó que «se debe indagar la responsabilidad de agentes estatales y examinar las circunstancias de los asesinatos, incluyendo la investigación de la posible comisión de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales», argumenta.
También explicaron que en el estudio del caso, «se debe tomar en cuenta la edad; el origen étnico-racial; la situación socioeconómica de las víctimas; así como los vejámenes causados a sus cuerpos, que merecen ser tratados con respeto».
El organismo hizo un llamado al Estado «a garantizar la seguridad de las familias; brindarles acompañamiento psicosocial y asegurar reparaciones adecuadas. En ese marco, al implementar medidas de seguridad ciudadana, el Estado debe cumplir su obligación reforzada de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, dado su especial situación de vulnerabilidad y la relación de subordinación en que se encuentran”, mencionaron un comunicado.
El 30 de octubre de 2024 el presidente Noboa declaró Estado de excepción en Quito y seis provincias dado el aumento de la violencia entre grupos armados del narcotráfico. Ante ese contexto la CIDH dijo que “no escapa de la atención de la CIDH el hecho de que este caso se produjo en el marco de la vigencia de sucesivos estados de excepción en el país, que han autorizado la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, por un supuesto conflicto armado de carácter no internacional, entre otras causales.
La organización regional recordó que los estándares interamericanos establecen que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservadas a los cuerpos policiales civiles, pues las fuerzas armadas reciben entrenamientos dirigidos a “derrotar al enemigo”, y no a la protección y control de civiles.
Con información de BBC Mundo, AFP
Daniel Rodríguez Moya 