Organizaciones de sociedad civil denuncian ante CIDH crisis de derechos humanos en Nicaragua

Redacción AP

Una nueva audiencia se llevó a cabo este 14 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH – en el marco del 183 período de sesiones. Las organizaciones peticionarias fueron el Movimiento Autónomo de Mujeres, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Observatorio Urnas Abiertas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos Raza e Igualdad y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que el Estado de Nicaragua estuvo ausente.

La Doctora Vilma Núñez de Escorcia en su intervención contextualizó que desde el 2007 “vivimos una situación de destrucción de la institucionalidad que se dirigía a consolidar un régimen antidemocrático”. La defensora de derechos humanos agregó que desde el estallido de la crisis social y política de 2018, “los crímenes cometidos por el régimen Ortega-Murillo ascienden a 3,555 muertos, 1,614 presos políticos, torturados y procesados arbitrariamente, y más de 100,000 exiliados”.

“Un régimen obsesivo como el que enfrentamos, nos ve como el enemigo al que hay que exterminar, el enemigo contra el que está enfrentado en su lucha mental. Y muchas de sus acciones e incluso leyes perversas aprobadas son mecanismos de represión explícita para eliminar la defensa de los derechos humanos”, denunció Núñez de Escorcia.

Por su parte Natalia Yaya, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, expresó que “el régimen – Ortega-Murillo – ha promulgado leyes restrictivas que buscan asfixiar a la sociedad civil nicaragüense y reducir el espacio para el escrutinio público, ha pretendido instalar un discurso oficial que construye como enemigo interno a las personas defensoras de derechos humanos, estudiantes, periodistas y opositoras”, manifestó.

“Destacamos el caso de Cristiana Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro quienes fueron condenados bajo un modelo represivo basado en acorralar jurídicamente a las personas defensoras y a sus organizaciones, a través de la ley 976 de la Unidad de Análisis financiero utilizada para recolectar información sobre vínculos entre transacciones nacionales o internacionales de personas naturales o jurídicas con «actividades de terrorismo». Y la Ley 977 contra lavado de activos que regula expresamente a las irganizaciones sin fines de lucro, con unas definiciones demasiado amplias, dentro de las cuales cabrían arbitrariamente conductas como la protesta social o la defensa de derechos humanos como actos terroristas”, expresó la representante de la FIDH.

Violeta Delgado, feminista integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, dijo en la audiencia de la CIDH, que “el sistema de administración de justicia ha sido clave para la criminalización de la disidencia política y para la consolidación de las estructuras que garantizan la impunidad”.

Agregó que “los patrones expuestos ante la Corte continúan: las autoridades nicaragüenses continúan negando el acceso regular y calendarizado a visitas familiares, incumpliendo los estándares internacionales y la propia ley interna del país. Así también continúa la falta de acceso a medicamentos y tratamientos de adecuados de salud. Tales son los casos de Eliseo de Jesús Castro Baltodano, quien, postrado en un hospital, se le ha negado la posibilidad de cumplir el régimen en su casa. Eveling Pinto quien es sobreviviente de cáncer, con secuelas de insuficiencias renal, y lo acontecido con el General en retiro Hugo Torres Jiménez, quien falleció el pasado 12 de febrero después de semanas de incertidumbre sobre su ubicación y estado de salud. Hugo Torres murió bajo custodia del Estado sin que las autoridades hayan iniciado investigaciones ni rendido cuentas en la materia”, denunció Delgado.

La feminista narró detenidamente la situación en la que se encuentran las 14 mujeres presas políticas “de las 169 personas encarceladas, 14 son mujeres, siendo la más joven Samanta Jirón, con 21 años, Violeta Granera y Nidia Barboza de 70 años y 66 años de edad respectivamente, las de mayor edad; ambas con enfermedades pre existentes y desarrolladas durante su encarcelamiento. Las mujeres encarceladas han sido objeto de mayor ensañamiento. Tal es el caso de Tamara Dávila, que ha sido sometida a total aislamiento por 9 meses en una celda “empernada” o totalmente sellada, sin tener contacto con nadie, más que con sus carceleros. Sometidas a interrogatorios diarios en los que por sus acciones, se les culpabiliza por el supuesto abandono de las labores de cuidado socialmente vinculadas al género”.

Agregó que Violeta Granera le cuesta alimentarse “es adulta mayor, su familia ha expresado su preocupación por el grave deterioro de su salud, incluida la perdida de piezas dentales, que le impide alimentarse. De Dora María Téllez, argumentó que está recluida en el área destinada a los hombres como una manera de irrespetar su condición de género. Entre tanto, la demanda de la mamá de Ana Margarita Vijil para que se le permita a las presas y presos un abrigo, ha tenido oídos sordos. La retención de pasaportes a familiares de presos y presas políticas, para impedir su salida o la negativa, sin ninguna justificación, de otros, para impedir su ingreso al país. A hijos e hijas menores de edad, algunos niños y niñas se les ha restringido cualquier contacto con sus padres y madres, incluidas cartas o dibujos, siendo esto, un grave acto de violencia en su contra y una grave amenaza a su desarrollo”.

Ligia Gómez, vocera del observatorio Urnas Abiertas, manifestó que «el régimen Ortega-Murillo, en su afán de instalarse indefinidamente en el poder, utilizó diferentes mecanismos que aniquilaron por completo la legitimidad del proceso electoral y conllevó a graves violaciones de los derechos humanos. Como quedó demostrado en 2021 con la cooptación y captura de todas las instituciones. Donde el poder ejecutivo ha convertido cada uno de los poderes del Estado en brazos represivos que responden a los intereses de la familia-partido», señaló.

Las organizaciones peticionarias denunciaron las barreras existentes en el país y denunciaron que el nuevo período presidencial de Daniel Ortega no representa la voluntad popular, por el contrario, es el resultado de un sistema ilegítimo que solo reforzó sus medidas coercitivas contra la sociedad, condicionando las preferencias del votante y conculcando de manera sistemática los fundamentos legitimadores de un proceso electoral íntegro.

«Alertamos también la preocupación de que en las elecciones municipales que se llevarán a cabo en noviembre de este año, se repitan las irregularidades, delitos electorales y violaciones de derechos humanos que hemos denunciado” manifestó Urnas Abiertas.

La relatora de la Comisión Interamericana (CIDH) para Nicaragua, Esmeralda Arosemena, lamentó la ausencia de los representantes del Estado de Nicaragua. “Me quiero dirigir al Estado de Nicaragua, al gobierno Ortega-Murillo, es lamentable que no estén presente, que sus autoridades no puedan estar hoy con nosotros (…) he insistido la oportunidad de dialogar de escucharle, pero lamentablemente no hemos obtenido una respuesta”.

Arosemena señaló que es responsabilidad de los Estados la búsqueda de una respuesta a la protección de la democracia, Estado de derecho e institucionalidad.

“Hoy nos describen de una manera muy clara y yo puedo hacer enumeración de palabras operación limpieza, criminalización masiva, secuestros exprés, torturas y violencias, una lista de expresiones que recogen esta realidad y que efectivamente tenemos la responsabilidad de atender”, finalizó.