Otras 15 organizaciones sin fines de lucro han sido “eliminadas” legalmente por la dictadura Ortega-Murillo bajo los argumentos de disolución «voluntaria» e «incumplimiento” a las leyes y a sus propios estatutos, informó el Ministerio del Interior a través de una comunicación firmada por la ministra María Amelia Coronel.
De acuerdo a la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, cinco organizaciones solicitaron la cancelación de su Personalidad Jurídica y Registro por Disolución Voluntaria de sus miembros; una es la Asociación de Comités de Defensa Sandinista, CDS, otorgada en el año 1990 e inscrita en el 2008 con número perpetuo 4180, publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 62.
Los CDS eran entidades de vigilancia en las comunidades, como parte de la estrategia de “espía” por el gobierno sandinista de la década de 1980. Pero la asociación fue creada como una continuidad de éstos después que Daniel Ortega perdió las elecciones en febrero de 1990. Sin embargo, en carta con fecha 19 de mayo de 2024, indicaron que por “no contar con fondos suficientes” solicitan desaparecer .
Otra organización eliminada es la Asociación de Amistad con la República Popular de China y su Pueblo, creada en 2006. Igual dejaron de existir tres organizaciones más de perfil cristiano, bajo esta modalidad.
La ministra Coronel también ordenó la cancelación de la Personería Jurídica por incumplimiento de las leyes que las regulan, de diez organizaciones sin fines de lucro. Entre éstas, la Asociación de Ganaderos de Boaco, la Federación de Cámaras de Exportadores de Nicaragua, dos entidades Católicas, una deportiva y cinco evangélicas.
De 2018 a la fecha, el gobierno del país centroamericano ha cancelado alrededor de tres mil 600 organizaciones sin fines de lucro. Miembros opositores indican que desde 2018, unas 3,493 organizaciones han sido canceladas y 29 universidades también han sido eliminadas legalmente y confiscados sus bienes, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI y la Universidad Centroamericana, UCA.
Mientras, la organización Hagamos Democracia indicó que las confiscaciones del Estado se calculan en 250 millones de dólares.
Bienes confiscados pasan al Estado nicaragüense
Según discurso del dictador Ortega los bienes muebles e inmuebles confiscados pasan al Estado porque es para beneficio de los pobres, al mismo tiempo que ha acusado a las organizaciones de participar en lavado de dinero. El procedimiento le corresponde a la Procuraduría General de la República.
El diputado sandinista de León Filiberto Rodríguez, ha declarado que las ONG “eliminadas” conspiraron contra el gobierno dictatorial ya que “utilizaron recursos de las donaciones”, para derrocar a Daniel Ortega en 2018.
Rusos colaboran con la dictadura
A finales de febrero pasado, una delegación rusa estuvo en países con gobiernos dictatoriales como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En este último país, el Gobierno de la República, mediante la policía y el Gobierno de Federación de Rusia, firmaron acuerdos en el “ámbito de recapacitación y superación profesional del personal en la esfera de la actividad policial; y se ha firmado el memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Interior de la República de Nicaragua y el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia sobre cooperación en el campo de la regulación legal de las actividades de las organizaciones sin fines de lucro”, manifestó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev.
Daniel Rodríguez Moya 
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Tamara Morales Orozco 