La gran mayoría de los países con cobertura boscosa tropical del mundo no han reconocido los derechos que tienen los pueblos indígenas y las comunidades forestales sobre el carbono de su territorio, lo que amenaza con socavar las soluciones al cambio climático basadas en la naturaleza.
Redacción AP
Un análisis de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) y académicos de la Universidad McGill en Canadá, demuestra que la mayoría de los países con bosques tropicales que pretenden beneficiarse de los mercados internacionales de carbono forestal aún no han definido jurídicamente los derechos que tienen los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes sobre el carbono que se encuentra en sus tierras y territorios consuetudinarios
La falta de claridad respecto a los derechos, plantea riesgos para las comunidades y para los inversores, ya que genera incertidumbre sobre quién se beneficiará de los mercados del carbono, las compensaciones y las estrategias de reducción de emisiones.
El estudio subraya algunos de los riesgos más graves de la expansión de los mercados de carbono sin garantizar primero los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes.
Alain Frechette, director de Análisis Estratégico y Compromiso Global de la RRI, manifestó que «sin salvaguardias jurídicas adecuadas, la demanda creciente de soluciones basadas en la naturaleza podría llegar a incentivar el acaparamiento de tierras y la captura de carbono por parte de los Estados y de terceros, incluso en aquellos casos en los que las tierras y los bosques en cuestión se encuentran bajo la propiedad de las poblaciones locales. Resulta crucial que los legisladores y los activistas del clima defiendan los derechos de los pueblos de los bosques como base fundamental para que las medidas climáticas basadas en la naturaleza sean eficaces, equitativas y sostenibles».
El análisis examina la situación del reconocimiento legal de los derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes sobre el carbono de sus tierras y territorios en 31 países de África, Asia y América Latina. En conjunto, estos países albergan casi el 70% de los bosques tropicales del mundo, incluidos los cinco países con más bosques tropicales del planeta: Brasil, RDC, Indonesia, Perú y Colombia.
Los 31 países analizados representan al menos el 62 % del potencial total de soluciones naturales al cambio climático, así como la mayor parte de las oportunidades de compensación de las emisiones de carbono. Se evaluó la preparación de cada uno de estos países para establecer mercados del carbono, lo que les permitiría vender créditos de carbono, es decir, unidades comercializables que se han medido y contabilizado con arreglo a un sistema de línea de base y créditos y que los Gobiernos y las empresas pueden comprar para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones.
Los resultados muestran que, en general, pocos de los 31 países reconocen los derechos comunitarios sobre el carbono y aún menos han evaluado la viabilidad operativa y política de las normas establecidas. Solo 3 de los 31 países estudiados (Etiopía, el Perú y la República del Congo) reconocen explícitamente los derechos comunitarios sobre el carbono de las tierras bajo propiedad de las comunidades o que están designadas para ellas.
Brasil, Colombia y Costa Rica vinculan los derechos sobre el carbono a varios tipos de propiedad de la tierra o de los bosques (incluidas las tierras bajo la propiedad legal de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes), estableciendo que estos colectivos son los propietarios del carbono de sus tierras.
Cinco países (Costa Rica, Filipinas, Indonesia, México y Viet Nam) cuentan con mecanismos que definen cómo se repartirán los beneficios relacionados o no con el carbono.
19 de los 31 países, cuentan con mecanismos de información y atención de reclamaciones para apoyar la participación en REDD+, proteger a las comunidades y garantizar transacciones justas y transparentes. De ellos, solo Costa Rica y México han puesto en marcha estos mecanismos.
Los hallazgos del análisis son que, si bien un puñado de países ha establecido marcos para regular las transacciones relacionadas con el carbono, la gran mayoría sólo los ha definido parcialmente o de forma inadecuada, lo que indica que la mayoría de los países evaluados están mal preparados para realizar transacciones de carbono forestal.
El análisis también reveló que, aunque unos pocos países han establecido marcos para regular sus transacciones de carbono, la gran mayoría los ha definido solo de forma parcial o insuficiente, lo que indica que la mayor parte de los países analizados no están debidamente preparados para realizar transacciones de carbono forestal. «Existe un riesgo real de que ni las personas ni el planeta se beneficien de las transacciones de carbono si no se resuelve la cuestión de los derechos sobre este», afirmó Sébastien Jodoin, coautor del estudio y titular de la Cátedra de Investigación sobre Derechos Humanos, Salud y Medio Ambiente de la Universidad McGill.
«Estas iniciativas se crean para financiar a Gobiernos que no tienen un buen historial de administración de este tipo de fondos ni de respeto de los derechos de las comunidades forestales», comentó.
Representantes de varias organizaciones de pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes señalaron que el análisis pone de relieve los riesgos que acarrea ampliar los mercados del carbono sin garantizar primero los derechos sobre la tierra de estos colectivos. «El compromiso de proteger los bosques y el clima a escala internacional es de agradecer, pero esto no puede hacerse sin la participación de los pueblos indígenas, que tienen derechos históricos sobre la mitad de los bosques tropicales del mundo», observó Fany Kuiru Castro, líder indígena del pueblo uitoto del clan jitomagaro de la Amazonía colombiana, quien añadió: «Hemos protegido el Amazonas y otros ecosistemas vitales durante generaciones y no pueden seguir pasando por alto nuestros derechos».
Los autores del estudio plantean que, para que sean eficaces las soluciones vinculadas al carbono forestal deben cumplirse condiciones antes de que se produzca cualquier transacción como el garantizar los derechos de las comunidades sobre las tierras consuetudinarias, los bosques y el carbono se reconozcan y protejan explícita y formalmente en la legislación y en todos los programas jurisdiccionales y contratos de proyectos. Que se asegure el respeto de estos derechos y del consentimiento libre, previo e informado y se establezca un mecanismo sólido y accesible de información y atención de reclamaciones. El establecimiento de un mecanismo claro de participación en los beneficios creado de forma transparente junto con las comunidades para compensar de forma justa a los titulares de los derechos sobre la tierra y los bosques por sus contribuciones a la mitigación de los gases de efecto invernadero, que les permita decidir si participarán o no en el programa jurisdiccional propuesto
En el análisis se concluye que una inversión considerable en el reconocimiento de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades es un requisito previo para el programa climático internacional.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 
Cristhian Alvarenga 