La jornada electoral presidencial del domingo 28 de julio en Venezuela no ha culminado. La dictadura de Nicolás Maduro no muestra el total de las actas que la oposición dice tener, pese a que diferentes grupos de izquierda de América Latina le han pedido que las muestre y de esa forma pueda avalar la “tendencia irreversible”, donde supuestamente ganó la elección que le asignó el cuestionado Consejo Nacional Electoral, CNE.
Con una oposición firme, consolidada y con el respaldo popular y de la comunidad internacional, el régimen de Nicolás Maduro se aísla y sigue los pasos de la persecución y la violencia. La Fiscalía de ese país ha anunciado la apertura de una investigación penal contra la líder antichavista María Corina Machado y el candidato presidencial de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, por presunta “instigación a la insurrección”. La institución menciona las llamadas de ambos líderes a policías y militares a parar la “represión” por la que acusan al presidente Nicolás Maduro.
Esta acción se da luego de la multitudinaria marcha convocada por la oposición el pasado sábado 03 de agosto, y en la que apareció Machado al frente y desafiando la agresión del régimen.
En un comunicado, el fiscal general, Tarek William Saab, indicó ayer lunes que se iniciarán las averiguaciones ante esta “abierta incitación” a los efectivos a “la desobediencia de las leyes”, toda vez que los líderes opositores pidieron a los uniformados “hacer respetar” los resultados de las elecciones del 28 de julio que, aseguran, dan como ganador a González Urrutia y no a Maduro, como anunció el CNE.
“En el citado pronunciamiento se evidencia la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración”, dice el escrito, publicado por el fiscal en la red social X.
Nicolas Maduro, aislado internacionalmente y con una crisis de gobernabilidad no deja de arremeter contra la oposición y las empresas dueñas de las redes sociales. Ayer 05 de agosto dijo en una cadena de Radio y Televisión que «voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Desde teléfonos de Colombia, de Miami (EEUU), de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato. Ustedes se esconderán, pero la juventud va a ser irreversible».
En ese sentido, ha afirmado que la aplicación está sirviendo para «amenazar a las y los jóvenes líderes populares, de calle, de comunidad, a la familia militar, policial y a toda Venezuela», razón por la que ha pedido un «retiro voluntario, progresivo y radical» de WhatsApp.
«Dile no a Whatsapp. No a Whatsapp de Venezuela. Firmeza, alegría, movilización, que esta batalla la vamos a ganar. (…) Hay otras apps, sistemas de mensajería como Telegram –rusa– y Wechat –china–. ¡Vamos todos y todas!», ha instado Maduro.
Varias ONG muestran su preocupación por los detenidos durante las protestas en Venezuela
Según la ONG Foro Penal de Venezuela los detenidos verificados tras las protestas suman 1.010, de los que 91 son menores de edad. El ente no gubernamental ha expresado su preocupación por las detenciones selectivas contra defensores de derechos humanos y activistas, en los que la mayor parte de los casos «no se permite el derecho a la defensa».
«Son 1.010 detenidos, pero ya desde el lado de funcionarios del Estado ya han dicho que son más de 1.200 y hasta 2.000, (…) se imputan a las personas por instigación al odio, terrorismo, asociación para delinquir, más o menos ese es el menú, por decirlo así, y en algunos casos incluyen traición a la patria, en otros destrucción a la vida pública», ha manifestado el director de Foro Penal, Alfredo Romero, durante una rueda de prensa transmitida por el medio digital VPI.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha denunciado estas detenciones arbitrarias, y ha informado de que al menos 700 personas están siendo acusadas de «terrorismo», de «incitación al odio» y de otros delitos.
«Información creíble indica que las personas detenidas están incomunicadas, sin asistencia legal y trasladadas a prisiones de máxima seguridad, expuestos a altos riesgos de malos tratos y tortura. Exigimos que las autoridades dejen de detener a quienes ejercen sus derechos y pedimos al fiscal general que garantice a todas las personas detenidas acceso a abogados de su elección y todas las garantías del debido proceso», reza el comunicado.
*Con información de EFE, AP y Efecto Cucuyo.
Patricia Orozco 
Tamara Morales Orozco 