La organización gremial Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresistas de Fiscales de Guatemala denunciaron la criminalización y persecución hacia profesionales que trabajaron en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que durante su mandato persiguieron casos de corrupción y enjuiciaron causas por violaciones de derechos humanos, ha provocado la expulsión al exilio de un numeroso grupo de jueces y fiscales.
Asimismo, apuntaron que quienes se encuentran en el país siguen intentando legitimar y dignificar el Poder Judicial y el Ministerio Público, están siendo perseguidos dentro del mediante procesos montados sobre denuncias espurias.
Los letrados en su comunicado señalan que hay preocupación por la situación de la fiscal Virginia Laparra de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien lleva 19 meses en prisión de alta seguridad, condenada por un proceso iniciado por un juez al que ella previamente había investigado por un presunto delito de corrupción. «Las arbitrariedades en el proceso y la falta de garantías en sus derechos procesales han dejado a la fiscal en una situación de desprotección jurídica y personal absoluta, que se acrecienta con la reciente detención de su abogada defensora, la letrada Claudia González».
Agregan que existe un riesgo importante de que la abogada que ha asumido ahora su defensa, Wendy Geraldina López, sufra persecución en su país y sea perturbada en sus funciones de defensa.
Descrédito del sistema judicial
El descrédito de la justicia en Guatemala se ha acentuado después que se ha intentado paralizar la toma de posesión del presidente elegido democráticamente el pasado 20 de agosto en las elecciones generales del país. Por lo que la situación de inseguridad para estas tres mujeres antes mencionadas, se agrava en el actual contexto de inseguridad jurídica.
Guatemala llevan casi una semana de protestas ciudadanas demandando la destitución de la fiscal Consuelo Porras y del fiscal Rafael Curruchiche en la Ciudad de Guatemala por, según los manifestantes, intentar evitar que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tome posesión en enero. La funcionaria judicial ha hecho caso omiso a las reclamaciones y pidió al gobierno que actúe contra las manifestaciones.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala respaldó el pasado 5 octubre la actuación de la fiscalía y del juez penal que ordenó la suspensión del partido político del presidente electo, Bernardo Arévalo, al resolver el último recurso pendiente contra la arremetida de la justicia al movimiento Semilla y el proceso electoral.
Cinco días después, en un mensaje de poco más de 11 minutos, Alejandro Giammattei presidente de Guatemala, se refirió este 10 de octubre, solo a las pérdidas económicas generadas por las movilizaciones y responsabilizó de las acciones y pérdidas a quienes han llamado a manifestar y obstruir carreteras. Bloquear las vías, dijo, no son hechos “pacíficos”.
“No se le puede dar golpe de Estado a alguien que no está gobernando, ustedes son los responsables de lo que estamos viviendo, a ustedes se les fueron de las manos el control de los manifestantes y bloqueos que han convocado”, dijo Giammattei.
Las organizaciones jurídicas denunciaron ante la opinión pública la grave situación del sistema de judicial en Guatemala, y solicitaron la protección internacional para Laparra y de sus abogadas defensoras, «nos unimos a la petición de Naciones Unidas y Amnistía Internacional solicitando su puesta en libertad».
Sobre las protestas
Con bloqueos de carreteras y un paro nacional impulsado por indígenas y campesinos, los guatemaltecos siguen demandando en las calles la dimisión de Porras y de un juez, a los que señalan de socavar la democracia en la nación centroamericana.
Las organizaciones indígenas que convocaron a las protestas rechazaron “los actos violentos de infiltrados” en las protestas en la capital.
En un mensaje divulgado por la mañana, la fiscal Consuelo Porras, calificó de “ilegales” las movilizaciones y pidió acciones del ejecutivo para despejar las vías bloqueadas y permitir la libre circulación de las personas.
La Conferencia Episcopal de Guatemala en un comunicado de prensa pidió al presidente que exija la renuncia a la fiscal general y a sus colaboradores atendiendo el clamor popular y el bien común.
Foto: Los Ángeles Time
Patricia Orozco 
Cristhian Alvarenga 