En el más reciente segmento de Agenda Propia Nicaragua, se puso el foco en la situación de las mujeres presas políticas en Nicaragua. Claudia Pineda, directora de la Unidad de Defensa Jurídica, entrevistada en exclusiva, hizo un llamado urgente a visibilizar la represión que enfrentan estas mujeres, muchas de ellas encarceladas por ejercer su derecho a expresarse, a defender derechos humanos o por motivos de fe.
Actualmente, de acuerdo al registro del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, se tiene documentada que 52 personas nicaragüenses están detenidas por razones políticas, de las cuales siete son mujeres. Sin embargo, la cifra real podría ser mayor, ya que muchas familias temen represalias y no autorizan la difusión de los casos. “Hay más presas por razones políticas de las que nosotros contabilizamos y es por una razón muy fuerte, y es que no incluimos en nuestro listado a ninguna persona que esté encarcelada por motivos políticos cuyos familiares no nos autoricen a dar su información… El silencio también es una forma de protección, aunque lamentablemente eso limita el acceso a la justicia”, expresó la directora.
Del total de las siete mujeres presas políticas, al menos tres fueron arrestadas por razones relacionadas con su fe religiosa. Aunque no existe un patrón uniforme en sus detenciones, este dato subraya una preocupación creciente: la criminalización de la libertad de creencias en Nicaragua. “No existe un patrón para encarcelamiento de estas mujeres, es por distintas razones pero hay que decir que al menos tres de ellas es por razones de fé, hay tres laicas consideradas desaparecidas, es porque estaban vinculadas con la pastoral de la iglesia que dirigía el obispo Rolando Álvarez. Estamos viendo que en este país, creer también puede convertirse en un delito”, señaló.
De todas las presas políticas como Angélica Chavarría, Evelyn Guillén, Lesbia Gutiérrez, Nancy Enríquez, Evelyn Carolina Matus y Carmen Saenz, la única con actividad política es la líder miskita Nancy Enríquez quien fue alcaldesa de Puerto Cabezas en la Costa Caribe Norte y es del partido Yatama, las demás son mujeres que han estado vinculadas a las causas de monseñor Álvarez y otras es difícil identificar razones concretas. Uno de los aspectos más alarmantes es que cinco de las siete mujeres están desaparecidas.
En algunos casos, sus familias no han tenido noticias de ellas desde hace más de un año. La incertidumbre se multiplica entre quienes no saben si sus hijas, madres o esposas están vivas, enfermas o si siquiera siguen en el país. “La desaparición forzada es una de las formas más crueles de represión. No saber es, en sí, una forma de tortura para las familias”, lamentó la directora.
Las consecuencias del encarcelamiento trascienden las rejas. Hijos e hijas de las presas enfrentan traumas y confusión. “Hay niños que piensan que sus madres los abandonaron por mucho que se les explique que es por razones fuera de la voluntad de ellas, esa herida del abandono no se les puede quitar a los niños y a las niñas, esa es otra dimensión del daño que este régimen impone”, detalla. A esto se suma la falta de acceso a atención médica, alimentación adecuada y asistencia jurídica para las detenidas.
El sistema judicial nicaragüense, descrito como “viciado” por la entrevistada, no garantiza el debido proceso ni el derecho a la defensa. Muchas mujeres enfrentan cargos fabricados y no han tenido acceso a abogados independientes. Ante la negativa del Estado de responder a solicitudes de información, la Unidad de Defensa Jurídica ha promovido medidas cautelares y provisionales ante organismos internacionales. “Solamente dos han sido condenadas, las dos que están en la cárcel La Esperanza, las demás consideradas desaparecidas, no tenemos ninguna información que hayan tenido proceso judicial, No existe la posibilidad de que haya acompañamiento judicial independiente, en este caso a ellas se les asigna un abogado de oficio, un defensor público que es el que teóricamente lleva el caso pero son procesos judiciales ficticios”, argumenta.
En cuanto a la representación de género en las cárceles políticas, sólo el 13,5% de las personas encarceladas por razones políticas son mujeres. La directora sugiere que esto puede deberse al menor involucramiento de las mujeres en actividades públicas, aunque alerta que su represión no es menos sistemática ni menos violenta. Las presas políticas
La entrevista concluyó con un mensaje claro: la lucha por la libertad y la dignidad de las presas políticas en Nicaragua continúa. Mientras tanto, el acompañamiento jurídico y la solidaridad internacional siguen siendo las herramientas principales para exigir justicia.
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