La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada ampliamente por el oficialismo del presidente Nayib Bukele (Nuevas Ideas), aprobó este 31 de julio una polémica reforma constitucional que ha despertado fuertes cuestionamientos dentro y fuera del país. La medida, presentada y votada en una misma sesión sin mayor debate público, allana el camino para que Bukele pueda reelegirse de forma indefinida, eliminando uno de los límites históricos más importantes en la política salvadoreña.
La iniciativa fue aprobada sin estudio legislativo previo y bajo dispensa de trámite, gracias a los 57 votos del oficialismo y sus aliados. Con ello, se reformaron los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución salvadoreña, que hasta entonces prohibía expresamente la reelección presidencial inmediata.
Paradójicamente, mientras el país centroamericano conmemoraba el Día del Periodista bajo un clima de acoso, persecución y exilio para quienes ejercen el periodismo y cuestionan a Bukele, la enmienda constitucional modifica aspectos clave del sistema electoral y presidencial. Por un lado, elimina el límite a la reelección continua, permitiendo que un presidente pueda mantenerse en el poder sin restricciones de períodos. Además, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años, y elimina la segunda vuelta electoral, lo que significa que a partir de ahora será suficiente una mayoría simple para ganar la presidencia. También se acordó adelantar la finalización del actual mandato de Bukele de 2029 a 2027, con el objetivo de unificar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales ese año.
Como respuesta a esta consolidación de poder, el jefe de redacción del medio digital El Faro, Óscar Martínez, hoy en el exilio, lanzó una crítica frontal, en su cuenta de X: “No se engañen: Bukele no está moldeando las leyes ni el país para ustedes, sino para él. Ningún político, nunca, ha acumulado todo el poder para repartirlo”.
A la vez, explica que la narrativa del oficialismo es que será el voto el que decida si él sigue en el poder, aunque ya controla todas las instituciones del Estado y viola abiertamente la Constitución.
El oficialismo ha argumentado que estas reformas buscan «modernizar» el sistema electoral, reducir costos y darle “más poder al pueblo” para elegir a sus gobernantes sin intermediarios ni repeticiones para ellos reglas más simples. Sin embargo, múltiples voces de la oposición, organizaciones civiles nacionales e internacionales han expresado su preocupación por lo que consideran un golpe a la democracia salvadoreña; existe riesgo de concentración de poder y debilitamiento institucional. La diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, denunció que con esta reforma “ha muerto la democracia”, aludiendo a la forma exprés en la que se tramitó y aprobó la iniciativa sin consultar a la ciudadanía.
La nueva Constitución aún debe ser ratificada en una segunda votación por la misma legislatura, que se espera se realice sin obstáculos dada la mayoría oficialista. De concretarse, colocaría a El Salvador entre los pocos países de la región donde no existen límites a la reelección presidencial, un modelo que ha sido criticado por facilitar la concentración excesiva de poder parecido a lo que ha ocurrido en Nicaragua.
Simultáneamente, la Asamblea Legislativa aprobó también una extensión por los próximos 30 días, prórroga número 40, del régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022. Este régimen, instaurado como respuesta a la violencia de las pandillas, suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa, la libertad de asociación y la privacidad de las comunicaciones. Durante este período se han realizado más de 87,000 detenciones, muchas de ellas sin pruebas suficientes, y organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y otras graves violaciones.
La coincidencia de ambas medidas —una reforma constitucional que permite la permanencia indefinida en el poder y la extensión de un régimen de excepción que limita derechos fundamentales— ha generado serias preocupaciones sobre el rumbo democrático del país. Diversos analistas temen que El Salvador esté transitando hacia una forma de gobierno cada vez más centralizada y autoritaria, al tiempo que se debilitan las instituciones que deberían actuar como contrapeso.
Frente a este escenario, la pregunta clave persiste: ¿se trata de una modernización institucional al servicio de la ciudadanía, o de una estrategia para consolidar el poder en una sola figura? La historia reciente de la región ofrece lecciones sobre lo que puede ocurrir cuando la reelección indefinida se combina con el debilitamiento del Estado de derecho.
En este contexto, la legitimidad del poder deja de fundarse exclusivamente en los votos y pasa a estar condicionada por la permanencia de un régimen que restringe derechos básicos. Lo que se presenta como modernización institucional podría estar encubriendo una transformación profunda del sistema democrático salvadoreño, donde el poder se concentra cada vez más en una sola figura, con respaldo legal, militar y popular. Esta transformación se perfila como un punto de inflexión hacia un estilo de gobierno que críticos temen distante del ideal democrático.
Foto: creada con IA
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María Gómez Mejía 