La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó reformas constitucionales a los artículos 23 y 25 que establecen la pérdida automática de la nacionalidad nicaragüense para aquellos ciudadanos que adquieran otra nacionalidad.
La medida fue aprobada por unanimidad con 91 votos de diputados sandinistas. Además, se estipula que los extranjeros que deseen naturalizarse como nicaragüenses deben renunciar a su nacionalidad de origen, excepto los ciudadanos centroamericanos, quienes podrán optar por la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la suya.
En Agenda Propia hablamos del tema con Juan Diego Barberena, abogado e integrante del grupo opositor Unidad Nacional:
En la exposición de motivos, el régimen argumenta que «la nacionalidad no es un trámite administrativo, sino un pacto sagrado de lealtad» y que «quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua».
Repercusiones para las personas Nicaragüenses
Exiliados y Apátridas
La reforma afectaría directamente a nicaragüenses que han adquirido otra nacionalidad, aunque no sé establece claramente la retroactividad de la aplicación del artículo, especialmente aquellos que se encuentran en el exilio debido a la persecución política. Muchos de ellos ya han sido despojados de su nacionalidad por el régimen, y esta medida consolida su condición de apátridas, al no contar con documentos de viaje ni reconocimiento legal.
Derechos Humanos y Legalidad Internacional
Organismos internacionales, como ACNUR, han señalado que la retirada de la nacionalidad a nicaragüenses viola la ley internacional. La apatridia contraviene principios fundamentales de derechos humanos, dejando a las personas sin protección legal y acceso a servicios básicos.
Persecución Política
La medida se percibe como un castigo adicional del régimen hacia aquellos que han huido de la represión y han buscado refugio en otros países. Al despojarlos de su nacionalidad, se limita su capacidad de participación política y se refuerza la persecución desde el exilio.
La aprobación de esta reforma constitucional representa una grave amenaza para los derechos de los nicaragüenses, especialmente aquellos en el exilio. Al eliminar la posibilidad de tener doble nacionalidad, el régimen busca aislar y castigar a quienes han buscado protección en otros países, consolidando su control autoritario y violando principios fundamentales del derecho internacional.
El abogado Barberena considera que lo que hace esta reforma es volver a la Constitución de 1987 y contiene incoherencias:
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Daniel Rodríguez Moya 