Mientras la dictadura autoriza nuevas concesiones a empresas chinas, Fundación del Río denuncia el avance del debilitamiento del marco de protección ecológica y la exclusión de comunidades locales.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado una nueva concesión minera de 4,800 hectáreas en el municipio de El Almendro en Río San Juan, un territorio que ha sido declarado por la UNESCO como reserva natural, a la empresa de capital chino Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, S.A.
La autorización, avalada por el Ministerio de Energía y Minas, tiene una vigencia de 25 años e incluye derechos de exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Villa Álvarez, dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan. Esto implica la instalación de plantas de beneficio y la extracción intensiva en un área de alta riqueza ecológica, con el compromiso de pagar regalías mínimas del 3% y presentar informes ambientales, dice en su cuenta de X la Fundación del Río.
Concesión y condiciones: un extractivismo reglamentado
La concesión, publicada oficialmente en La Gaceta este 26 de agosto de 2025 mediante el Acuerdo Ministerial No. 045-SBT-M-043-2025, establece una serie de obligaciones técnicas, financieras y legales para la empresa adjudicataria. Entre ellas se encuentran el pago anual de derechos por vigencia o superficiales (de $0.25 a $12 por hectárea según el año de concesión), el cumplimiento de normas ambientales y la entrega de planes de trabajo y monitoreo.
El lote “Villa Álvarez” está delimitado en coordenadas UTM, abarcando 4,800 hectáreas de un territorio altamente biodiverso, y forma parte de una región reconocida por su función ecológica clave en el corredor biológico mesoamericano.
Se está desmantelando el marco de protección ambiental
Para Amaru Ruiz de la Fundación del Río, esta concesión representa una amenaza directa al equilibrio ecológico por la falta de información de los estudios de impacto ambiental y de factibilidad. Ruiz denuncia que son concesiones que han sido otorgadas sin cumplir con los procedimientos ambientales que define el sistema de evaluación ambiental para los proyectos en esa categoría…si existe no se ha presentado públicamente ni hay informacion de las empresas, del cumplimiento de esto ni que van a extraer ni cuánto van a extraer ni cómo va a ser el procesamiento ni cómo van a hacer las extracciones debajo de los túneles», manifiesta.
Este nuevo otorgamiento se suma a las polémicas concesiones previas adjudicadas a la empresa Thomas Metal S.A., también de capital chino, sobre más de 69,000 hectáreas que se superponen con la Reserva Biológica Indio Maíz, el territorio indígena Rama-Kriol y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan.
Impactos previsibles y falta de consulta
Aunque el Estado dice exigir informes técnicos y el cumplimiento de normas, organizaciones sociales y comunidades locales alertan que no hay información pública y se teme que la instalación de plantas de procesamiento y el uso intensivo del territorio provoquen: deforestación acelerada, contaminación de ríos y fuentes de agua y desplazamiento de fauna silvestre, conflictos socioambientales en territorios indígenas, impactos transfronterizos hacia Costa Rica, especialmente en la cuenca del río San Juan.
Además, no existe evidencia pública de procesos de consulta previa, libre e informada, como lo estipulan convenios internacionales ratificados por Nicaragua.
El caso de El Almendro refleja una lógica extractiva en expansión, donde el cumplimiento formal de requisitos administrativos, no necesariamente garantiza la protección ambiental ni la participación ciudadana.
En su análisis, Fundación del Río considera que esta concesión representa una profundización del modelo de despojo y deterioro ecológico, legalmente facilitado por la reciente aprobación de la Ley No. 1248, que derogó el Decreto Ejecutivo 01-2007, el cual protegía las áreas protegidas del país, permitiendo el ingreso de la minería industrial en zonas de reserva.
Mientras la dictadura promueve estas concesiones como parte de su agenda de atracción de inversión extranjera, la realidad en los territorios muestra otra cara: ausencia de transparencia, riesgo socioambiental elevado y una creciente concentración de poder extractivo en manos de capital extranjero.
Foto de portada: Fundación del Río.
Patricia Orozco 